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Nelson Shack: Suspensión del fallo del TC tranquiliza a la Contraloría

El contralor se refirió a la resolución del Tribunal Constitucional que limita las facultades sancionadoras de su entidad.

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El contralor general de la República, Nelson Shack, señaló que su entidad se encuentra más tranquila tras la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de suspender la ejecución del fallo que declara inconstitucional las infracciones sancionadoras del órgano de control.
"Ha tranquilizado el hecho de que el Tribunal Constitucional ha mencionado que con la aclaración que el Congreso ha solicitado, los efectos de esta sentencia quedan en suspenso, con lo cual la Contraloría va a poder continuar trabajando en tanto se resuelve el problema de fondo", señaló.
En diálogo con RPP, Shack refirió que la Contraloría enviará este lunes 29 de abril un proyecto de ley al Congreso de la República para que las infracciones estén tipificadas ya no en un reglamento, sino de manera expresa en la ley.
"La sentencia del Tribunal Constitucional avanza y fortalece a la Contraloría porque zanja por completo ya la discusión de que si la Contraloría debe tener o no capacidad sancionadora. Constitucionaliza la capacidad sancionadora de la Contraloría y la autonomía e independencia de sus órganos instructores y sancionadores tanto en primera como en segunda instancia. Eso es un progreso y lo hemos saludado desde un primer momento", expresó.
Shack recordó que la Contraloría y el Sistema Nacional de Control realizan mil auditorías al año, que comprenden alrededor de 4,500 personas por responsabilidad administrativa y funcional.
"Hay demasiado descontrol y muchos casos de inconducta funcional y de corrupción. Siempre ha sido así", subrayó.
Finalmente, el contralor precisó que su institución remitió ayer un pedido de aclaración al TC sobre la aplicación que debe tener esta sentencia a las autoridades electas por voto popular.
Cabe indicar que la resolución del Tribunal Constitucional será aclarada, entre otros puntos, en los extremos sobre la situación de los 15 mil funcionarios que se encuentran en pleno proceso sancionador y sobre las autoridades electas.