Sentencian a excongresista Michael Urtecho a 22 años de cárcel por ‘mochasueldos’

Aprovechó su condición de congresista de la República para, sin vergüenza alguna, recortarle durante años y por miles de soles los sueldos a sus trabajadores. Michael Urtecho Medina, el ingeniero químico y líder de una comunidad cristiana que pregonaba ser un ejemplo de realización profesional para los discapacitados y se escudaba en la palabra de Dios, ha sido ahora sentenciado a 22 años y 5 meses de cárcel, junto con su cómplice y esposa Claudia Gonzales, a quien la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia le ha impuesto una pena de 28 años de prisión.

En el caso de Urtecho, la sentencia —emitida por la Sala que preside Víctor Prado Saldarriaga— es por concusión en perjuicio de cuatro de sus extrabajadoras y enriquecimiento ilícito en agravio del Estado; por este último delito deberá pagar una reparación civil de S/2′407,990; en el caso de Gonzales la pena es por los delitos de concusión y peculado por extensión, además de enriquecimiento ilícito por el que tendrá que pagar una reparación civil de S/100 mil. Ambos, además, deberán pagar en forma solidaria la suma de S/630,666.06.

La sanción constituye un importante precedente para casos futuros toda vez que en el actual Parlamento hay, a la fecha, más de una decena de legisladores denunciados por ‘mochasueldos’. Contra algunos de ellos el Ministerio Público ya ha iniciado investigaciones preliminares; la mayoría, sin embargo, se cobija en la impunidad con el beneplácito de sus colegas que hasta la fecha no han adoptado sanciones drásticas e inmediatas en su contra.

Algo que sí ocurrió hace 10 años con Urtecho, quien fue denunciado a mediados de septiembre de 2013 por tres de sus trabajadores; a ellos se sumarían otros más posteriormente. Un mes después, el representante por Solidaridad Nacional era suspendido en sus funciones por 120 días y más tarde, en diciembre, el Pleno lo destituía e inhabilitaba para el ejercicio de cargo público por un periodo de 10 años.

Pero eran otros tiempos. Hoy las cosas son muy distintas. En este Congreso suman ya 11 los legisladores sindicados como ‘mochasueldos’, uno de ellos, incluso, es el mismo presidente de ese poder del Estado, Alejandro Soto. Pero el balance allí es negativo. Tres de las parlamentarias: Heidy Juárez, Magaly Ruiz y Rosío Torres solo han recibido una amonestación pública de la Comisión de Ética y en el mejor de los casos 30 días multa. Otros parlamentarios siguen en investigación y casos más recientes como el de Soto —a quien sus trabajadores le habrían pagado “voluntariamente” publicidad para mejorar su imagen— todavía no se ven en la Comisión de Ética.

“Esta sentencia constituye un buen precedente y a partir de ella tiene que hacerse una evaluación. Tanto tiempo ha pasado desde que el caso fue judicializado para que recién haya una respuesta; que sirva de reflexión sobre la conducta que debemos tener los congresistas”, declaró a Perú21 la expresidenta de la Comisión de Ética, Karol Paredes. Mientras tanto, sus colegas han optado por el silencio y a diferencia de otras ocasiones cuando en un tema tan mediático inundan las redes sociales con sus comentarios, esta vez no hubo pronunciamiento alguno.

Sabía que

La sentencia quedó en suspenso hasta que sea declarada consentida. Mientras tanto, el tribunal dispuso que Urtecho y su esposa cumplan medidas restrictivas como la vigilancia policial e impedimento de ausentarse de su residencia sin autorización judicial.

Entre los congresistas denunciados por ‘mochasueldos’ figuran María Cordero, María Acuña, Edgar Tello, Katy Ugarte, Marleny Portero y Jorge Flores Ancachi.

OPINA

“Es lo que les espera a los ‘mochasueldos’”

Alejandro Rospigliosi - Constitucionalista

Este caso sienta un antecedente, una jurisprudencia de lo que le espera a todos los ‘mochasueldos’ por haber cometido este delito, incluyendo el presidente del Congreso. Es un buen antecedente. Creo que es suficiente para poner a temblar a los congresistas sindicados de ser ‘mochasueldos’. El señor Urtecho construyó edificios en Trujillo para beneficio personal y, lo más grave, trató de encubrirse en su incapacidad para buscar impunidad. Si no fuese por los medios de comunicación, este caso no hubiese llegado a buen puerto. Acá la Autoridad de Control del Ministerio Público y del Poder Judicial deben investigar, la Junta Nacional de Justicia debe investigar por qué demoró diez años este caso. ¿Cómo es posible? ¿Quién es responsable de esta demora? Justicia que tarda no es justicia. Es mejor tarde a nunca, pero igual debe sancionarse a los que han demorado tanto tiempo.

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