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En lo que va del año, se han presentado cuatro proyectos de ley que buscan aumentar los impedimentos para postular a cargos públicos de elección popular.
Avanza País, Acción Popular, Renovación Popular y Alianza Para el Progreso presentaron diversas iniciativas donde se busca modificar la Constitución para que los sentenciados por terrorismo, narcotráfico, corrupción, entre otros delitos, no puedan postular así hayan sido rehabilitados.
Cuatro propuestas muy similares, pero todas coinciden en una cosa: así los sentenciados estén rehabilitados, no podrán postular.
EL ORIGEN DEL PROBLEMA
Esta especificación en la rehabilitación surge debido a que el Tribunal Constitucional (TC), en su sentencia 370/2022, dejó la puerta abierta para que sentenciados por terrorismo que hayan sido rehabilitados puedan postular a cargos públicos. Este fallo se dio luego de que más de 7 mil ciudadanos presentaran una demanda de inconstitucionalidad contra diversas normas que versan sobre terrorismo.
Óscar Urviola, expresidente del TC, consideró que el máximo intérprete de la Constitución “no ha hecho una interpretación debida”. Asimismo, señaló que el delito de terrorismo, al igual que el de traición a la patria, están penados con muerte en la Constitución, por lo que denota “lo grave que es el delito de terrorismo”. Además, el extribuno aseguró que “se ha demostrado que “por más que cumplen carcelería,no han sido rehabilitados” luego de cumplir su pena.
El artículo 34-A de la Constitución señala expresamente que no pueden postular a cargos públicos personas sobre las que recaiga una sentencia condenatoria por delito doloso en primera instancia. Este mismo impedimento se aplica en el artículo 39-A, para designar en un cargo a personal de confianza. Sin embargo, gracias al TC, una vez hayan cumplido su condena y pagado la reparación civil impuesta, podrán postular al Congreso o incluso a la Presidencia de la República.
NO SE PONEN DE ACUERDO
La Comisión de Constitución del Congreso tomó en consideración los diversos proyectos sobre el tema que fueron presentados y propuso modificar los artículos 34-A, 39-A y 139 de la Constitución. Según el grupo de trabajo, el impedimento de postulación deberá mantenerse incluso el criminal haya sido rehabilitado.
Al finalizar la sesión de esta semana, el grupo de trabajo propuso que “los tipos penales referidos al terrorismo, apología al terrorismo, tráfico ilícito de drogas, violación de la libertad sexual, colusión, peculado o corrupción de funcionarios, homicidio en sus diversas modalidades, trata de personas, secuestro; el impedimento resulta aplicable hasta 20 años después de haber sido rehabilitadas”. Sin embargo, los congresistas continuaron proponiendo aumentar la lista de delitos que estarán sujetos a la prohibición a pesar de la rehabilitación.
Ante esta situación, Hernando Guerra García, presidente de la comisión, aseguró que se discutirá en la próxima sesión del grupo de trabajo.
En declaraciones para Perú21, la congresista de Fuerza Popular, Patricia Juárez, anunció que presentará un proyecto que busca impedir de por vida que sentenciados por terrorismo puedan postular a cargos públicos. Además, señaló que hay consenso en que es muy grave que personas que tengan delitos tan serios puedan ser candidatos.
Bajo las condiciones que está el debate , los políticos que quedarían fuera de cualquier elección próxima, serían: Antauro Humala, quien fue sentenciado por homicidio culposo. Vladimir Cerrón, sobre quien pesan dos condenas de corrupción, quedaría fuera de las contiendas electorales. Incluso, Rocío Leandro, alias ‘Cusi’, quien cumplió condena por terrorismo y ahora cumple prisión preventiva, no podría postular ni a una alcaldía.
Como señala la congresista, habría consenso en la Comisión de Constitución, en que se necesita prohibir que sentenciados por delitos graves ocupen cargos públicos. Sin embargo, una vez sea aprobada en comisión, esta reforma necesitará ser ratificada en dos legislaturas ordinarias con 87 votos, o 66 votos y un referéndum.
Dependerá del Congreso que quienes asesinaron a más de 30 mil peruanos, no vuelvan a ocupar un cargo público.
