En algunos casos los informes datan del año pasado. Pese a ello, la Mesa Directiva del Congreso de la República, que preside José Williams, no ha sometido a debate y votación en el Pleno ninguno de los cuatro informes de la Comisión de Ética Parlamentaria que recomiendan aplicar sanciones, en diferentes niveles, a cinco legisladores de tres bancadas políticas.
Los “afortunados” congresistas, cuyas inconductas han sido pasadas por agua tibia son: Luis Cordero Jon Tay (Fuerza Popular), Enrique Wong (Podemos Perú), Jorge Luis Flores Ancachi, Elvis Vergara y María del Carmen Alva, estos tres últimos de Acción Popular.
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El caso más antiguo data de mayo de 2022, y es el del fujimorista Cordero, para quien el grupo de trabajo –que preside Karol Paredes– recomendó una suspensión de 60 días en el ejercicio de sus funciones sin goce de haber. ¿La razón? El maltrato físico y psicológico del que lo acusó su expareja, quien dijo haber sido tumbada al suelo y recibido varias patadas del legislador. Para los parlamentarios –que apenas ven cámaras de televisión se presentan como abanderados de la lucha contra la violencia familiar–, sin embargo, eso no fue suficiente, y el caso sigue encarpetado.
Meses después, en agosto, la Comisión de Ética volvió a pronunciarse. Esta vez por la denuncia contra el legislador de Podemos Perú, Enrique Wong. Se recomendó al Pleno suspenderlo por 120 días por su presunta intervención en la designación de su asesor como presidente del directorio de la Empresa Nacional de Puertos (Enapu). La gestión la habría hecho ante el hoy prófugo exministro de Transportes Juan Silva. Pero allí tampoco pasó nada, y lo mismo ocurre con los casos posteriores de tres congresistas de Acción Popular; dos de ellos de octubre del 2022: Elvis Vergara y Jorge Flores Ancachi, sindicados como integrantes del grupo ‘Los Niños’, y la tercera, María del Carmen Alva, para quien, en febrero último, se aprobó una “recomendación pública” por jalonear del brazo en pleno hemiciclo a su colega Isabel Cortez.
El secretario general de la Asociación Civil Transparencia, Iván Lanegra, comentó que lo ocurrido “no es ninguna novedad”. “Es muy complicado que los mecanismos de autofiscalización funcionen cuando los responsables son los mismos sancionados; es normal que se dilate lo máximo posible”, dijo a Perú21, pero advirtió que no sucede lo mismo “cuando el sancionado es de un grupo minoritario y no negocia o es considerado como un obstáculo; ahí más bien son muy veloces, recordemos el caso de Kenji Fujimori”, remarcó.
Este diario también consultó el tema con Percy Medina, jefe de la Misión Perú de Idea Internacional, quien sostuvo que la demora en la aplicación de una sanción hace que la institución “pierda legitimidad y se genere la sensación de que los congresistas no son capaces de sancionarse entre ellos cuando vulneran las normas que ellos mismos han establecido”. “La gente espera que se tome una decisión. Si las medidas demoran, la sensación que queda es que se ha dejado que el tema duerma el sueño de los justos o que no hay ningún interés por atenderlo”, subrayó.