El fiscal supremo Pablo Sánchez se pronunció para ratificar la legitimidad de la denuncia que presentó ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales contra el exjuez César Hinostroza por los delitos de organización criminal, patrocinio ilegal, cohecho pasivo activo específico y tráfico de influencias, entre otros.
Dicho grupo de trabajo congresal, se recuerda, ha puesto en tela de juicio la competencia de Sánchez para denunciar a Hinostroza. Alega que dicho trámite es una atribución exclusiva del fiscal de la Nación, cargo que al momento de la denuncia era desempeñado por Pedro Chávarry.
"Es totalmente cierto (lo que dice Zoraida Ávalos). El fiscal de la Nación de ese entonces (Pedro Chávarry) se había excusado y por resolución firmada por él es que me aboco a las investigaciones", precisó Pablo Sánchez a través de un comunicado.
En ese sentido, el fiscal supremo reiteró que tiene "plena legitimidad" para plantear una acusación constitucional contra César Hinostroza, y añadió que la Subcomisión de Acusaciones del Congreso se contradice porque le reconoce responsabilidad para investigarlo pero no para admitir su denuncia.
"Esta posición es contradictoria con otra adoptada por la misma subcomisión. Si para este caso no tengo legitimidad para proceder como Fiscal de la Nación, ¿cómo sí la tuve cuando se tramitó la denuncia contra mí debido a la fuga del exjuez Hinostroza?", cuestionó.
Pablo Sánchez respondió así al acuerdo del subgrupo de devolver la denuncia al Ministerio Público para que sea la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, quien la haga suya y la vuelva a presentar.
Ávalos, por su parte, ha respondido al titular de la subcomisión, César Segura que Chávarry se inhibió de la investigación y le otorgó las facultades para investigar a César Hinostroza al fiscal supremo más antiguo, Pablo Sánchez.
Pablo Sánchez, de otro lado, evitó pronunciarse sobre la posición de su colega, el fiscal supremo Víctor Raúl Rodríguez Monteza, quien opinó a favor de la casación presentada por Keiko Fujimori y otros investigados por presunto lavado de activos para anular la orden de prisión preventiva en su contra.
"Debo mantener reserva pues mi despacho tiene a su cargo una indagación previa en su contra. No cabe duda de que genera incomodidad este tipo de acciones al interior de la institución", comentó.
Sin embargo, Pablo Sánchez sí recordó que los investigados en el caso Los Cuellos Blancos del Puerto cambiaron el tono de sus conversaciones en mayo del 2018, luego de que tomaron conocimiento de que sus conversaciones eran intervenidas.
"Por ello, un fiscal supremo es objeto de indagación, al ser presunto responsable de alertarlos. (...) Nos encontramos en pleno trabajo de verificación. En esta fase es crucial la reserva, pero causa impotencia ver a algunos investigados seguir ejerciendo acciones en la administración de justicia, cuando son objetivo de sospecha en relación a los temas que califican", manifestó el fiscal supremo.