Faltaban tres días para que el Mundial de Sudáfrica fuera inaugurado. En el puerto del Callao corría el 8 de junio de 2010, y mil kilos de cocaína estaban a punto de zarpar. La droga había sido acomodada en las bandejas que sostenían unos sacos de pallares, el supuesto producto que iba a ser exportado.
La policía descubrió el cargamento. Se abrió una investigación en la Fiscalía y en el 2015 el caso llegó a la segunda sala penal de la Corte Superior de Justicia del Callao. Ahí estaban los jueces José Rojas, Miguel Fernández y Rosa Benavides, que fue reemplazada a mitad del proceso por Carlos Nieves.
El 31 de noviembre del 2015, la Procuraduría Antidrogas, de Sonia Medina, puso una queja ante la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) contra los jueces mencionados; ellos habían absuelto a Felidad Pulgar, uno de los acusados de ser propietario de la droga que iba a Sudáfrica.
CAMINO A LA ABSOLUCIÓN
Para el 19 de noviembre del 2015 se programó la lectura de sentencia para Pulgar, pero la diligencia se suspendió hasta el 23. Ese día tampoco se realizó. Rosa Benavides, entonces presidenta de la Sala, enfermó. De forma injustificada, como señala un informe de la OCMA, los jueces reprogramaron la audiencia para el 24 de noviembre. Mientras Benavides seguía con licencia, Rojas y Fernández conformaron una nueva sala con un juez ajeno al despacho: Carlos Nieves, e iniciaron el juicio oral.
La Procuraduría nunca fue notificada. No asistió a la audiencia. Ese día los jueces realizaron un sinnúmero de diligencias y dejaron todo listo para dictar sentencia un mes después. Producto de esa sospechosa velocidad, la procuradora Medina acusó a los tres jueces por irregularidades en el ejercicio de su función.
El 4 de diciembre, a pesar de los recursos de nulidad presentados por la Procuraduría, los jueces Rojas, Fernández y Nieves absolvieron de todos los cargos al acusado Felidad Pulgar y este salió en libertad.
En febrero del 2016, ante las constantes denuncias de la Procuraduría, la OCMA abrió investigación a los jueces. La pesquisa demoró más de dos años y recién en marzo del 2018 concluyó la investigación.
Según el documento de la OCMA, el juez Fernández sustrajo dos actas de continuación de audiencias del 19 y 23 de noviembre del 2015. Además, modificó el contenido de otra acta con el fin de aparentar que la sesión continuaría el 24 de noviembre.
En base a estas irregularidades, la OCMA propuso al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) la destitución de Rojas y Fernández por manipulación y alteración de audiencias en perjuicio de la justicia, y dispuso su suspensión preventiva. Aunque la denuncia también incluyó a Nieves, este fue absuelto.
SIGUEN DESPACHANDO
Aun así, Fernández sigue ejerciendo como si nada hubiera pasado. Rojas renunció al cargo por su avanzada edad.
Fernández tiene una medida cautelar del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, firmada por Duberlí Rodríguez, quien días después tuvo que renunciar a la presidencia de dicha entidad por sus vínculos con los protagonistas de los audios de la vergüenza.
“Ninguno de los elementos que señala la OCMA vincula directamente al juez Fernández con la supuesta sustracción de dos actas de sesión de continuación de juicio oral”, suscribió Duberlí Rodríguez.
Gracias a esa medida, Miguel Fernández sigue ejerciendo en el Segundo Juzgado Penal Liquidador del Callao.
Perú21 le solicitó su versión. El magistrado dijo que “el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial está por encima de la OCMA. Lo único que busca la Procuraduría es ganar los juicios haciéndole daño a los magistrados por venganza”.
Además, señaló que absolvió a Felidad Pulgar Tello porque “no se encontraron elementos contundentes para condenarlo”. ¿Qué le parece?
Tenga en cuenta
En 2013, el juez Miguel Fernández Torres compartió sala con el tremendo juez supremo César Hinostroza.
En 2017, la Corte Suprema de Justicia ordenó declarar nula la sentencia absolutoria para Felidad Pulgar y mandó a empezar un nuevo juicio en una Sala distinta.