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La Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Especializada de Justicia confirmó la orden de 18 meses de impedimento de salida del país para el exalcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio, investigado por recibir presuntos aportes irregulares de la empresa OAS.
En su apelación, la defensa del exburgomaestre había alegado que la medida era despropocional y solicitaba que se redujera el plazo de 18 a 4 meses.
Sin embargo, el tribunal argumentó que el requerimiento planteado por el fiscal Carlos Puma para limitar la libertad de Castañeda estaba justificado.
“La Fiscalía ha alegado en forma razonable que no solo requiere la presencia de los investigados a efectos de evitar el peligro de fuga de los mismos y asegurar su presencia ante un eventual juzgamiento, sino que además esta medida resulta atendible para el esclarecimiento de la verdad y la eficacia de los actos de investigación”, se lee en la resolución a la que accedió Perú21.
El Ministerio Público explicó que se necesitaba tiempo para recibir y corroborar la información que ha requerido a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la Sunarp. Además, para interrogar al exalcalde sobre esa documentación.
A Castañeda Lossio se le imputa haber recibido US$220 mil en aportes de OAS para su campaña del 2014, a cambio de la adjudicación de obras durante la gestión edil.
Fue el expresidente de OAS, Leo Pinheiro, quien contó que se reunió con el mismo exfuncionario para coordinar la entrega del dinero.
Según la investigación, la mediadora fue la abogada Giselle Zegarra, a quien se imputa los delitos de colusión y tráfico de influencias. “OAS contrata a Zegarra de 2014 a 2015 como consultora, y tras concluir su labor, solo un día después, la municipalidad la contrata a ella”, precisó la Fiscalía.
De acuerdo a la hipótesis, Zegarra “respondía a los intereses” de la constructora brasileña y por ello emitió opinión favorable, siendo funcionaria, para que se aplique una adenda al contrato de fideicomiso –acordado durante la administración de Villarán– y así reemplazar la obra Río Verde por el by-pass 28 de Julio y la alameda Plaza Nueva.
El impedimento de salida del país también recae sobre Giselle Zegarra, Jaime Villafuerte Quiroz, Alfieri Lucchetti, José Luna Gálvez y Martín Bustamante.
Es necesario aclarar que este caso ya no está en manos del fiscal Puma, ahora está a cargo de su colega Milagros Salazar Paiva. Ambos son integrantes del equipo especial Lava Jato.
