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EN ESA FECHA ESTARÍA LISTA LA PROPUESTA DEL DICTAMEN PARA SU APROBACIÓN EN ESE GRUPO,Y, LUEGO, EN EL PLENO

Elecciones 2026: Debate de ley que evita que sentenciados por delitos graves postulen, se vería a fines de octubre

El presidente de la Comisión de Constitución, Fernando Rospigliosi, dijo a Perú21 que está buscando el consenso con otras bancadas para su aprobación. Esto, después de cuatro meses de que el Pleno decidiera que ese proyecto de ley retorne a su grupo de trabajo.

 

Imagen
Fernando Rospigliosi
El presidente de Constitución, Fernando Rospigliosi, está buscando el consenso con otras bancadas.
Fecha Actualización

Confía que el próximo mes salga humo blanco. El presidente de la Comisión de Constitución, Fernando Rospigliosi, dijo a Perú21 que espera que, a fines de octubre, pueda empezar el debate del proyecto de ley que evita que sentenciados por delitos graves postulen en las elecciones del 2026.

Mira: Asesinos y corruptos tienen camino libre para postular

Rospigliosi aseguró que, en este momento, está realizando reuniones de consenso con otras bancadas para poder elaborar el borrador del dictamen, para que pueda ser debatido y aprobado antes de fines de octubre.

"El punto es que estamos conversando con otras bancadas para llegar a una propuesta de consenso", explicó.

SI NO SE APRUEBA, ASESINOS Y CORRUPTOS PODRÁN POSTULAR

Rospigliosi aseguró que espera que, en esta legislatura, pueda realizarse la primera votación del proyecto de ley. Esto, para que en la legislatura del próximo año, que comienza en marzo, pueda efectuarse la segunda votación, porque se trata de una reforma constitucional (que necesita dos votaciones en dos legislaturas).

En caso no se apruebe la ley, sentenciados por asesinato, corrupción y delitos graves podrán postular en las próximas elecciones.

Uno de los que se beneficiaría sería Antauro Humala —sentenciado por asesinar policías—, quien tendría luz verde para postular en las elecciones de 2026.  

El 13 de junio, se recuerda, Perú21 informó que el Pleno, con 90 votos, decidió que el texto sustitutorio del proyecto de ley que prohíbe a sentenciados por rebelión, sedición, motín, terrorismo y narcotráfico postular a cargos de elección popular, retorne a la Comisión de Constitución para que sea debatido nuevamente.

En esa fecha, la sesión comenzó con el sorpresivo anuncio de la entonces presidenta de Constitución, Martha Moyano, en el Pleno, de excluir los delitos de homicidio, secuestro y corrupción del texto sustitutorio, y anunció que solo estaban incluidas en el dictamen cinco penas: rebelión, sedición, motín, terrorismo y narcotráfico.

Hasta ahí la ley solo alcanzaba a Antauro Humala, sentenciado por homicidio y rebelión por ser autor del ‘Andahuaylazo’, hecho que ocasionó la muerte de cuatro policías y el secuestro de otros 24.

Al no incluirse el delito de homicidio, el exmandatario Alberto Fujimori —hoy fallecido— también quedaba habilitado para postular ya que fue condenado por homicidio calificado. Aunque, días previos, uno de los autores del proyecto, Alejandro Muñante, señaló a Perú21 que la ley no lo podría alcanzar porque, a su criterio, él estaba “indultado”, pero precisó que finalmente el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) lo iba a decidir.

Durante el debate, fue rechazada por el Pleno —con 69 votos a favor, 38 en contra y tres abstenciones— una primera cuestión previa propuesta por el congresista de Perú Bicentenario Elías Varas, para que el proyecto retorne a Constitución.

Ante el reclamo, Moyano agregó al texto sustitutorio que las personas con sentencia condenatoria por delitos dolosos en primera instancia tampoco podían postular. 

Es decir, ya no solo los condenados con sentencia consentida o ejecutoriada, por los cinco delitos mencionados anteriormente, estaban fuera de participar por los próximos diez años después de haber sido declaradas rehabilitadas.

Al no entenderse a qué delitos dolosos se refería Moyano, la congresista de Podemos, Francis Paredes, presentó una nueva cuestión previa para que el dictamen retorne a Constitución.

Con 90 votos a favor, 22 en contra y dos abstenciones, el Pleno decidió que el texto vuelva a la Comisión de Constitución, poniendo en riesgo que la ley pueda aplicarse en las próximas elecciones de 2026. Legisladores de izquierda y de derecha así lo quisieron.

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