La Fiscalía de la Nación anunció en su cuenta de Twitter que iniciará una investigación preliminar por el presunto delito de concusión en contra de la congresista Rosío Torres, hoy expulsada de la bancada Alianza para el Progreso (APP), tras conocerse que recortó sistemáticamente los sueldos de trabajadores de su despacho.
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Tras una investigación del dominical Punto Final, se pudo conocer que la parlamentaria con ayuda de su sobrino Juan Daniel Pérez Guerra, también incluido en las indagaciones fiscales en calidad de coautor, forzó a cinco exfuncionarios de su despacho para que abonaran parte de sus sueldos a Pérez.
Las cámaras del propio programa grabaron cuando la congresista, tras ser abordada con las preguntas sobre este hecho irregular, procedió a llamar a su sobrino y borrar automáticamente todo el historial de mensajes que tenían hasta la fecha.
Tras darse a conocer el reportaje, el despacho de la congresista Torres emitió un comunicado en el que “niega tajantemente” los hechos y señalando que solicitará licencia de la Comisión de Ética mientras se esclarece la situación expuesta.