ABUSADORA. Parlamentaria negó las acusaciones y su partido la retiró de la Comisión de Ética. (Foto Congreso)
ABUSADORA. Parlamentaria negó las acusaciones y su partido la retiró de la Comisión de Ética. (Foto Congreso)

Se le vino la noche a Rosío Torres. La congresista de (APP), envuelta en un escándalo tras la revelación de Punto final de que habría obligado a cinco trabajadores de su despacho a depositar parte de sus sueldos a su sobrino, empieza a ver complicada su situación legal y parlamentaria, y a quedarse sola.

Y es que el mismísimo presidente del partido que la cobija, César Acuña Peralta, ya le puso la cruz. El líder de APP, agrupación salpicada ya por un caso similar que involucró a Magaly Ruiz y por el que el mes pasado la Fiscalía decidió abrirle investigación preliminar, ha preferido darle la espalda de inmediato, y anunció anoche en Canal N que será expulsada del partido.

“Definitivamente, va a ser expulsada del partido porque no vamos a permitir que congresistas malogren la imagen de la agrupación, y lo peor, desprestigien al Parlamento. No he fundado un partido para que personas lo utilicen para servirse”, dijo César Acuña, quien invocó al Ministerio Público a actuar con firmeza en este caso.

Tras conocerse esta denuncia, Alianza para el Progreso desmarcó casi de inmediato con su correligionaria, exigiéndole sus descargos, poniendo su caso en manos del Comité Político Nacional, y separándola de la Comisión de Ética Parlamentaria. (Sí, de Ética).

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ÉTICA LA DENUNCIA

Precisamente, Karol Paredes, presidenta de este grupo de trabajo, confirmó anoche a Perú21 que denunciarán de oficio a su excompañera de comisión en la próxima sesión programada para este lunes 10 de abril.

Hay más. La Procuraduría General del Estado presentó ayer una denuncia en contra de la parlamentaria loretana por el delito contra la administración pública en la modalidad de concusión (cuando un funcionario público abusa de su cargo, obligando o induciendo a una o más personas a dar o prometer indebidamente un bien o un beneficio patrimonial). La institución, además, solicitó a la Fiscalía que inicie las investigaciones correspondientes.

AFRONTARÍA MÁS DENUNCIAS

Lo cierto es que Torres podría enfrentar otras denuncias. Para el experto en temas penales, Andy Carrión, la congresista también estaría incurriendo en el delito de enriquecimiento ilícito.

“Esta congresista no respondería únicamente por el delito de concusión, por lo que se desprendería de la denuncia revelada el domingo también se configuraría el delito de enriquecimiento ilícito, que está recogido en el artículo 401 del Código Penal, que sanciona también al funcionario público que no solo abusa de su cargo, sino que incrementa ilícitamente su patrimonio respecto de sus ingresos legítimos. Así es que desde mi punto de vista sería una línea de investigación adicional que debió recoger la Procuraduría en su denuncia”, explicó Carrión a Perú21.

EL ANTECEDENTE URTECHO

El penalista recordó un caso similar, vinculado con el excongresista Michael Urtecho Medina, quien fue acusado por estos dos delitos y desaforado de su cargo en 2013, y cuyo caso sigue en la Corte Suprema.

La Fiscalía sostiene que Urtecho recortó sueldos, gratificaciones y bonificaciones de siete trabajadores de su despacho, entre 2006 y 2013, cuando ejerció como parlamentario, primero de Unidad Nacional y luego de Alianza Solidaridad Nacional, tras ser reelecto en 2011.

Casualmente, el congresista de Renovación Popular Jorge Montoya recordó este caso y dijo que Rosío Torres podría seguir los mismos pasos.

“Esta es una situación muy grave, ya hubo antecedentes parecidos y el excongresista (Urtecho) terminó preso. Es un tema serio que hay que cortar de raíz”, indicó Montoya, quien reprochó que –según las imágenes– Torres haya borrado el historial de sus conversaciones con su sobrino por el WhatsApp, apenas se le preguntó por la denuncia.

TENGA EN CUENTA

-El despacho de la congresista Torres negó las acusaciones y anunció que la apepista se pondrá a disposición de las autoridades.

-Torres fue presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales en el anterior periodo anual de sesiones del Congreso.

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