En una entrevista con Perú21.TV, la abogada penalista Romy Chang discrepó con la propuesta del Poder Ejecutivo, ya archivada en la Comisión de Constitución del Parlamento, para que la Corte Suprema sea la instancia competente para levantar la inmunidad de los congresistas.
"La Corte Suprema no puede entrar a tallar en el levantamiento de inmunidad porque sería el que posibilita el juzgamiento y juzga", opinó.
No obstante, planteó otras medidas como la recomposición de la comisión que actualmente tiene a su cargo esta tarea, de tal forma que "no implique que sus integrantes sean mayoría porque sino siempre definirá y va a blindar".
Chang añadió que otro tema que preocupa es que la inmunidad se aplique sobre hechos anteriores a la elección como congresista y citó, como ejemplo, el caso de Edwin Donayre quien, se recuerda, fue recientemente sentenciado a cinco años de prisión efectiva por el robo de combustible al Ejército y ahora se encuentra prófugo de la justicia.
Él, sin embargo, se cobijó en la inmunidad parlamentaria desde su elección en 2016 dificultando el normal desarrollo del proceso judicial en su contra.
"Lo que ha pasado con Donayre es vergonzoso. Permitir la inmunidad en esos supuestos se convertirá finalmente en la salvación para las personas que han cometido delitos, (...) y termina generando congresistas impunes", indicó.
"Cualquier reforma implica voluntad y el Congreso ha demostrado que esa voluntad no es tan real sino aparente, se busca ganar adeptos en la ciudadanía para quedar bien pero no se materializa en acciones", acotó.
En otro pasaje de la entrevista, la abogada se pronunció sobre los 18 meses de prisión preventiva dictados contra la exalcaldesa de Lima Susana Villarán y comentó que si bien en su caso "hay elementos claros (toda vez que) ella misma aceptó que recibió dinero, y con eso acepta el acto de corrupción, el reto de la Fiscalía es el tema del lavado de activos".
"No basta establecer la corrupción para el acto de lavado de dinero que es meter dinero de origen ilícito en el sistema financiero con la finalidad de blanquearlo; (...) eso aún no está muy claro", manifestó.
"Todas las personas tienen derecho a la presunción de inocencia. No podemos dar por realizados actos de corrupción cuando el Poder Judicial, que es el órgano encargado de resolver conflictos en última instancia, no lo ha hecho aun", indicó, tras advertir que, bajo esa premisa, las opiniones del alcalde de Lima, Jorge Muñoz, sobre los llamados '´peajes corruptos' es "precipitada".
"Las cosas hay que hacerlas con orden para evitar generar nulidades, vulnerar derechos y que, en lugar de avanzar, generemos nulidades que hagan que esto retroceda y el Estado se perjudique", manifesto.
En esa línea, añadió que la Fiscalía "necesita hacer un esfuerzo por definir situaciones porque no tenemos hasta ahora ningún caso (judicial) definido".
"Todo son prisiones preventivas, solo (está la) acusación de (Nadine) Heredia, y el Perú se merece tener una situación definida; eso permitirá hacer acciones concretas constitucionales sobre el tema de peajes", agregó.