Roberto Chiabra sobre la segunda votación de ley que precisa prescripción de lesa humanidad: “Eso se va a ver el viernes”

“Eso se va a ver el viernes. Lo que tenemos que ver nosotros es: A todos nos gusta que nos aplique la ley. A los del MRTA, les aplicaron el Código Penal de 1991. Y un muy conocido defensor de los derechos humanos dijo: Sí pues, si hoy mismo lo que ellos cometieron se les hubiera aplicado una pena mayor, pero lamentablemente su delito lo cometieron antes de 1991. Y para las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, aplícale no más...”, señaló.

En la otra orilla, la congresista de Fuerza Popular, Patricia Juárez, señaló a este diario que se podría pedir la exoneración de la segunda votación. Esto, porque se puede solicitar ese requerimiento en los próximos siete días, según el reglamento.

“Si es que se exonera del plazo, estamos dentro del mismo, se trata de una reforma común, no una reforma constitucional, cabe la posibilidad que pueda verse antes, exonerándose los siete días que dice la ley. No sé si se hará o no, será motivo de una reunión de bancada si es que se va a pedir la exoneración”, aseguró Juárez.

Perú21 informó, el pasado lunes, que el congresista de Fuerza Popular, Fernando Rospigliosi, coautor del proyecto de ley que precisa la prescripción de los delitos considerados de lesa humanidad (del 1 de julio de 2002 hacia atrás), aseguró que dicha normativa, en caso de que sea aprobada esta semana en el Pleno, en segunda votación, “favorecerá a unos 800 militares investigados y 36 encarcelados” por diversos delitos, como homicidio calificado y secuestro, que fueron calificados irregularmente con esa tipificación internacional.

Rospigliosi explicó que, pese a que dicha calificación de lesa humanidad recién empezó a entrar en vigencia en nuestra jurisdicción tras la firma de los tratados internacionales como el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (1 de julio de 2002) y la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad (9 de noviembre de 2003), jueces y fiscales investigaron y sentenciaron a militares y policías, clasificando sus casos con esa figura legal para “perseguirlos” toda su vida.

Debido a ello, el solo hecho de mencionar que el delito era comparado como de lesa humanidad, “los casos no podían prescribir”, y por eso los procesos nunca acababan y podían durar más de 20 o 30 años, sostuvo Rospigliosi. En ese sentido, dijo que la ley hacía justicia.