La prensa en peligro. El Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) ha condenado la acción de la Fiscalía de abrir una investigación penal a dos medios de comunicación (Willax y Expreso) por expresiones vertidas en un reportaje sobre una defensora de derechos humanos presumiendo un delito de coacción. En un comunicado contundente, la institución ha rechazado todo intento de criminalizar el ejercicio legítimo del periodismo.
MIRA: Carlos Basombrío: “Boluarte tiene un ministro a su medida"
Para Ricardo Uceda, director de Ipys, la investigación solicitada por el Ministerio de Justicia es un despropósito.
“Lo que hicieron para el caso que cita la denuncia que plantea el Ministerio de Justicia es una opinión contra una defensora de derechos humanos; es una opinión que puede ser válida, exagerada, inválida o no fundamentada, y la defensora de derechos humanos es una persona que participa en el debate político. Entonces, no se debe admitir que haya investigaciones por emitir opiniones y estas deben ser toleradas cuando van dirigidas a personas que participan en el debate público. Lo que ha hecho la Fiscalía es un despropósito. Nos preocupa eso”, indicó Uceda en entrevista a Perú21TV.
En el comunicado, Ipys considera que jueces y fiscales deben ser especialmente rigurosos y motivar adecuadamente sus decisiones cuando disponen iniciar investigaciones y procesos que puedan afectar la libertad de expresión.
“Quería decir que los periodistas tenemos que ser conscientes de que podemos ser denunciados, demandados. Esta es una profesión que en cuanto se ejerce con más agresividad, no en términos violentos, sino con intensidad, pues va a tener muchos problemas. Tenemos que ser conscientes que nos pueden denunciar de manera directa o indirecta, pero el Estado, sobre todo, que es contra quien nos hemos pronunciado. Tienen que ser muy cuidadosos ante eso”.
El fiscal provincial Juan Mendoza Abarca abrió investigación por desobediencia a la autoridad contra Carlos Paredes, productor del programa Contracorriente por no entregar el video de un reportaje requerido por el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop), que no fue hallado en los archivos del canal, según el medio.
Sabía que
La Ley de Radio y Televisión no obliga a los medios que regula a guardar archivos más allá de 45 días luego de emitidos. En este caso, los archivos fueron solicitados cinco meses luego de la emisión. Podría tratarse, pues, de un acto de prepotencia contra un medio crítico de Eficcop, señaló Ipys.
