Rodolfo Orellana aún no se entregará a la justicia, según su vocero, Carlos Camacho. (Fidel Carrillo)
Rodolfo Orellana aún no se entregará a la justicia, según su vocero, Carlos Camacho. (Fidel Carrillo)

Redacción PERÚ21

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Fabiola Valle (fvalle@peru21.com)Los tentáculos en el Congreso del prófugo no dejan de aparecer. No solo tuvo legisladores que formarían parte de su organización, sino también funcionarios que habrían hecho negocios con el cuestionado abogado.

Prueba de ello es que la asesora técnica de Comisiones del Congreso, María Roncalla Loayza, transfirió un inmueble a Jerson Zapata Ríos, quien figura como testaferro en la , según el organigrama de la Procuraduría de Lavado de Activos.

De acuerdo al documento, al que Perú21 tuvo acceso, Roncalla le debía a Ríos, natural de Tocache, 100 mil dólares y, por ello, decide cederle un departamento, ubicado en la avenida B N°102, San Borja, en parte de pago, el 17 de marzo de 2010.

Según el portal del Parlamento, Roncalla empezó a prestar servicios al Congreso desde el 22 de noviembre de 1994, pero desde el 1 de enero de 1995 figura como asesora técnica de Comisiones (especialista parlamentaria).

ZAPATA Y RONCALLAGaby Málaga de Torres, quien perdió un departamento en Miraflores por estafa a manos de Christian Toledo Cárdenas, representante de la empresa Americana de Construcciones Real State Bienes Raíces SAC, denunció que, en 2009, Roncalla se hizo pasar como otra de las víctimas de Toledo para arrebatarle su propiedad.

"Cuando me di con la sorpresa de que algo extraño estaba pasando en la compra de mi supuesto departamento, ubicado en Villarán 550 dpto. 302, Miraflores, por el cual pagué 30 mil dólares, fui a buscar a Toledo a su oficina, pero no lo encontré. Solo estaban dos personas de seguridad. Uno de ellos era Jerson Zapata y otro hombre de tez morena que tenía un corte en la cara. Ambos me subieron a un vehículo y me llevaron al local de La Antojería, en Angamos. Ahí encontré a Toledo y a Roncalla, quien se hacía pasar como una víctima", cuenta Málaga.

Asimismo, recuerda que, ante tanto reclamo, Toledo le dijo que le iba a dar el 50% del inmueble, que fue adquirido por remate público, porque el otro 50% estaba a nombre de su esposa. Sin embargo, a los días se dio cuenta de que el mismo departamento también había sido cedido a Roncalla en un 100%, y la fue a buscar para alertarla.

La funcionaria del Congreso le dijo a Málaga que, para evitar problemas, lo mejor era poner el departamento a nombre de las dos y luego venderlo y repartirse el dinero, propuesta que ella aceptó.

Sin embargo, Roncalla lo inscribió en el Séptimo Juzgado Comercial con documentación fraudulenta, pues tenía el sello y la firma de la Notaría Ayala Alvarado falsos. "Le reclamé y Roncalla me dijo: 'Ya perdiste, porque mis documentos son formales'", recordó.

Al poco tiempo de la estafa, a Toledo lo metieron preso en el penal de Huaral, a fines de diciembre de 2010.

"Un día recibí una llamada de Toledo desde la cárcel, pero desde el celular de Roncalla y me pedía que desistiera de la denuncia y que, a cambio de los 30 mil dólares, me iba a dar otro terreno, pero no acepté su propuesta. Ahora el caso está judicializado", puntualizó.

Roncalla también es cuestionada por apropiarse de un inmueble de la , que está a nombre de uno de sus familiares. En declaraciones a la Policía, dijo que compró la vivienda a la inmobiliaria Brida S.A.C., en 2010.

En un informe de Caretas, de 2012, Roncalla cambió de versión y aseguró que alquila la vivienda junto a su hermano desde julio de 2012. "Yo no sabía que era de la Fundación por los Niños del Perú", refirió.

Perú21 llamó insistentemente al teléfono fijo de la vivienda de la asesora congresal María Roncalla y al celular de su hermano, César Roncalla, pero no respondieron las llamadas.

La Sala Penal Nacional definirá este miércoles si el prófugo Rodolfo Orellana; su hijastro, Churchill Orellana, y su abogado, Benedicto Jiménez, continúan con prisión preventiva.

OTROS CASOSNo es la única conexión de Orellana con el Congreso.

El exjuez , trabajaba en el despacho del congresista Julio Rosas.

El legislador Víctor Andrés García Belaunde fue quien dio la señal de alerta. A los pocos días de la denuncia, .