Trabajaron las 24 horas del día y en tres turnos para construir los túneles que, en 1997, le dieron la libertad a los 72 rehenes que durante 126 días permanecieron secuestrados por una gavilla de terroristas del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) en la residencia del embajador de Japón en Lima.
Ayer, veintiún años después, el Pleno del Congreso, por amplia mayoría, aprobó reconocer a los 32 mineros que participaron en esta gesta como "Defensores calificados de la democracia", distinción que irá acompañada de una serie de beneficios como el otorgamiento de becas de estudios.
El reconocimiento se extendió al "personal auxiliar que participó en la construcción de los túneles subterráneos que posibilitaron la operación Chavín de Huántar, así como a los rehenes que contribuyeron con acciones de Inteligencia al operativo Chavín de Huántar".
Esta medida generó la protesta de legisladores del Frente Amplio y Nuevo Perú. Marisa Glave denunció que la norma tenía nombre propio y pretendía beneficiar al almirante Luis Giampietri que, se recuerda, también fue rehén y se convirtió en una suerte de enlace de los servicios de Inteligencia con la residencia. Gracias a él se pudo conocer los movimientos de los subversivos.
Además de Glave intervinieron Alberto Quintanilla y Marisol Espinoza quienes anunciaron que votarían en contra de la propuesta si no era modificada en los puntos observados por Glave.
El presidente de la Comisión de Defensa, Javier Velásquez, por su parte, descartó que la norma pretenda beneficiar a Giampietri, y lamentó que "por ignorancia u odio de algunos sectores a las Fuerzas Armadas" se pretenda bloquear la iniciativa.
Finalmente, sin embargo, la ley fue aprobada por 80 votos y exonerada de segunda votación por 82 legisladores, con lo cual quedó expedita para su promulgación por parte del Ejecutivo.