Rafael Vela: “La fiscal de la Nación es rehén de sus propios problemas”

A Rafael Vela ya no se lo verá defendiendo los casos emblemáticos que golpearon a una clase política que se sabía impune. Sin duda, el escándalo Lava Jato catapultó al fiscal superior como el alfil que se necesitaba para procesar a los políticos que se burlaban de la justicia o que eran amigos de ella. La Autoridad Nacional de Control de la Fiscalía suspendió por ocho meses y 15 días a Vela, quien denunció ser víctima de un pacto político suscrito por quien consideraba su amiga: la fiscal de la Nación, Patricia Benavides.

Ya ha pasado un día de su suspensión. ¿Cómo asimila esta severa sanción impuesta por la ANC?

Se trataba de una crónica de destitución encubierta, una sanción que busca que los operadores de justicia abdiquemos y renunciemos a nuestra tarea, y que un personaje incómodo deje la institución. Sin duda, la indignación continúa, pero ahora toca emprender la defensa constitucional que debe ser amparada por el Poder Judicial.

Usted ha presentado una acción de amparo. ¿Si se le concede regresaría a la coordinación de la Fiscalía de Lavado de Activos y del equipo especial Lava Jato?

Se debería restituir al estado anterior de la violación de mis derechos constitucionales y, efectivamente, lo que se ha planteado es que la anulación de los procesos disciplinarios que se han llevado de manera injusta determinen que la restitución sea irrestricta y se me restituya en los cargos que usted refiere. La medida cautelar está en evaluación, pero acá es donde ha ocurrido un hecho que llama la atención porque el juez que se encargaba de ver el amparo fue suspendido por 30 días, otro juez está viendo el recurso y esperemos que lo haga con urgencia.

¿Cómo es que las irregularidades que usted denuncia en la Fiscalía pudieron extenderse al Poder Judicial con la suspensión del juez?

Todo es posible dentro del nivel de afectación de derechos fundamentales y de abuso permanente que hemos sufrido en el equipo especial Lava Jato. En mi caso ya se materializó. Hay una relación que está definida por el hecho de que la Autoridad de Control ya sabía de mi demanda de amparo, y sabía quién era el juez que estudiaba los argumentos que presenté. Así entramos en la inferencia válida cuando asociamos este acontecimiento a otros de permanente abuso.

¿Qué pasaría si el juez acoge su demanda, pero la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, ya designó a su reemplazo en los distintos cargos?

Esto está sujeto a un control judicial. No podría estimar cómo podría resolver el juez, pero mi pretensión es invalidar los procesos administrativos en mi contra. Hay múltiples posibilidades jurídicas, aunque es evidente que ahora está clara la estrategia de la fiscal de la Nación y de la ANC para generar un vacío de poder y así generar esta coyuntura porque debe ser designado un representante de la Fiscalía de la Nación y cumplir las coordinaciones en Lavado de Activos y Lava Jato (...). Sin duda, se buscaba sustituir a quien lideraba ambos grupos de trabajo.

En Lavado de Activos hay otros dos fiscales superiores: Marco Villalta y Elizabeth Peralta. ¿Entre ellos estará su sucesor o Benavides podría designar a un fiscal externo a la especialidad?

Cuando hace unas semanas estuve fuera por licencia, la fiscal de la Nación encargó Lavado de Activos al jefe de la Unidad de Cooperación Internacional, el fiscal Alfredo Rebaza, y la coordinación de Lava Jato a Marena Mendoza, quien es coordinadora del sistema de Derechos Humanos. A mí nunca se me consultó sobre la presencia de ambos fiscales. Como ve, no necesariamente se designa a un fiscal de la especialidad, sino a uno que sea de la entera confianza de la fiscal de la Nación.

¿Es cierto que la fiscal Benavides le expresó su fastidio por el allanamiento que hizo en abril último la Fiscalía de Lavado de Activos a las instalaciones de la Universidad Alas Peruanas, vinculada al investigado Joaquín Ramírez?

El caso está a cargo del fiscal Wilson Salazar, pero a mí me correspondía como coordinador gestionar el operativo y atender el pedido de mover a 70 fiscales a nivel nacional (...). Es cierto que, cuando se ejecuta la operación, hubo profunda incomodidad por parte de la fiscal de la Nación y se lo hizo saber al fiscal Salazar porque ya no me convoca a mí, seguramente porque esto le provocó problemas particulares. El señor Salazar ahora está sujeto a una investigación de control interno. En mi caso fui inmediatamente atacado por una campaña mediática por este operativo pese a que mi participación correspondía legalmente y no podía dejar de cumplir: facilitar la logística suficiente para que se ejecute un mandato judicial.

¿A esto se refería cuando dijo que la fiscal Benavides representa intereses de los investigados?

Todas las inferencias son plausibles porque la forma en la que se comportó la Fiscalía de la Nación obedece a la condición en la que se encuentra la fiscal Benavides debido a las investigaciones que tiene con la Junta Nacional de Justicia y seguramente debe existir un nivel de protección política que determina una serie de acontecimientos conexos (...). Sí es evidente que hay una transversalidad con la política, porque hay políticos vinculados a organizaciones criminales y eso conspira con la autonomía fiscal cuando se remueve al funcionario que lidera estas investigaciones.

¿Cuál es el punto de quiebre en su relación con Patricia Benavides, con quien mantenía una larga amistad?

La fiscal de la Nación es rehén de sus propios problemas y soluciones porque sus problemas la han llevado a un nivel de coordinación política y eso tiene que ver con los casos que me tocaron liderar. Es decir, hubo una búsqueda permanente de sectores políticos para mi remoción del caso, y eso no es un secreto. Es cierto que tenía una amistad con la fiscal Benavides, nunca he mezclado ambos planos, siempre he antepuesto las consideraciones de carácter institucional (...) se han dado una serie de circunstancias con los casos que van siendo objeto de mayor avance: la extradición de Alejandro Toledo; ya está culminando el caso de Ollanta Humala; en el caso de la señora Keiko Fujimori estamos por entrar a juicio oral; estamos investigando a la presidenta Dina Boluarte y a Vladimir Cerrón; todas ellas constituyen la intromisión de la política contra personajes incómodos que hacen su trabajo.

Los fiscales del equipo Lava Jato decidieron mantenerse en sus puestos. Pero se sabía que ellos renunciarían si usted era suspendido. ¿Qué cambió?

En expresión de solidaridad, los fiscales del equipo especial manifestaron que renunciarían, pero mi opinión fue que, por el contrario, deberían mantenerse en sus funciones para que defiendan sus casos y que desde adentro manifiesten alguna afectación a su autonomía fiscal sea de la persona que llegue a ocupar la posición que yo ostentaba. Y así se decidió que todos los fiscales se mantengan hasta que las circunstancias puedan ser distintas. No hay que olvidar que hay varios juicios orales en marcha. Y eso era lo que buscaba la Fiscalía de la Nación y la ANC, descabezar al equipo Lava Jato y Lavado de Activos para generar una reacción y retirar a todos los fiscales incómodos que dirigen los interrogatorios.

¿Hay alguna autocrítica de la gestión que realizó? Las críticas siempre apuntan a que en Lava Jato, por ejemplo, no tienen a ningún sentenciado hasta ahora.

Nuestro esfuerzo ha sido sometido siempre al escrutinio judicial, que en muchas ocasiones nos dio la razón y en otras no. Se han generado muchas corrientes de desinformación contra nosotros. Al final hemos hecho nuestro trabajo sobre dificultades, pero con la convicción de hacer lo correcto, como una actividad humana que puede corregirse. Puede haber muchos generales después de la guerra, pero nuestras convicciones han sido inclaudicables.

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