La Sociedad Nacional de Radio y Televisión (SNRTV) cuestionó la iniciativa del Ejecutivo que obliga a los medios de comunicación a difundir sus acciones contra la delincuencia en estado de emergencia.
Ante el sorpresivo anuncio del ministro de Justicia sobre la presentación de un proyecto de ley que obligaría a la prensa a publicitar las acciones del Ejecutivo en su lucha contra la delincuencia, el gremio emitió un comunicado, donde advierte que esta iniciativa marca una peligrosa ruta que sólo la transitan los gobiernos autoritarios.
«Los medios de comunicación cumplen un rol fundamental en la sociedad al informar de manera veraz, objetiva e independiente sobre los hechos que afectan a la ciudadanía, incluyendo la lucha contra la delincuencia. La libertad de prensa e información son pilares fundamentales de la democracia y deben ser respetadas en su totalidad. La ciudadanía tiene el derecho a recibir información diversa y no condicionada por intereses gubernamentales, lo que vulneraría el principio de pluralidad informativa esencial en una sociedad democrática», se lee en el documento.
Y agrega: «Si el gobierno desea promover campañas informativas sobre la lucha contra la delincuencia, existen mecanismos institucionales para ello y además cuentan con los medios de comunicación del estado».
La presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP), Zuliana Lainez Otero, expresó a Perú21 su rechazo total ante un posible “control indirecto de medios de comunicación”.
ANP: Propuesta de imponer “franja informativa” constituye intento de control de medios
La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) cuestionó la propuesta anunciada por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, de formular una modificatoria a la Ley de Radio y Televisión para imponer una “franja informativa” a fin de difundir las actividades del Estado en el marco de la lucha contra la criminalidad.
La ANP considera que esta propuesta de modificatoria a la Ley de Radio y Televisión (Ley 28278) representa una irrupción en los contenidos de los medios de comunicación, inaceptable en democracia: «Lo que se pretende más que una franja informativa es establecer un bloque propagandístico de las acciones del Ejecutivo. Esto contraviene estándares internacionales de derechos humanos que protegen la libertad de información y prohíben la injerencia gubernamental en los medios de comunicación».
La ANP sostiene que dicha franja que se implementará en los “estados de emergencia” es, en la práctica, establecerla de manera permanente dado el uso desmedido y poco planificado de estos regímenes de excepción por parte del Ejecutivo: «Por dicha razón, las declaraciones del ministro Arana revisten particular gravedad, ya que observamos un intento de controlar el contenido de los medios de comunicación».
«En un contexto de permanentes arremetidas del Ejecutivo contra las libertades informativas, con escaladas constantes, resulta nocivo anunciar una propuesta de esta naturaleza. El Estado tiene el deber de informar a la ciudadanía sobre cuestiones de interés público pero esa función no puede ejercerse vulnerando la independencia editorial de los medios de comunicación ni imponiendo contenidos de manera arbitraria», concluye la asociación.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, informó que su sector está trabajando en un proyecto de norma legal mediante la cual los medios de comunicación tendrán que difundir, en estado de emergencia, las acciones y actividades que se vienen ejecutando desde el Ejecutivo contra la delincuencia.
Se trata de una iniciativa que modifica la Ley de Radio y Televisión y crea una franja informativa para los medios de comunicación.
GREMIOS RECHAZAN AMENAZA A LA LIBERTAD DE PRENSA E INDEPENDENCIA EDITORIAL
Las principales organizaciones de radio y televisión del país expresamos nuestro firme rechazo a la intención del Gobierno de imponer una «franja informativa» obligatoria en los medios de comunicación durante los estados de emergencia. Esta propuesta constituye una grave intromisión en la independencia editorial y sienta un peligroso precedente de control gubernamental sobre la información.
Obligar a los medios a difundir contenidos establecidos por el Ejecutivo, vulnera los principios fundamentales de la democracia y atenta contra el derecho ciudadano a recibir información plural, veraz e independiente. La cobertura de los hechos de interés público debe responder a criterios editoriales autónomos, no a imposiciones estatales que distorsionen la función periodística.
El Estado cuenta con sus propios canales de comunicación para informar sobre sus acciones. En un sistema democrático, la lucha contra la delincuencia no puede utilizarse como pretexto para condicionar la agenda informativa de los medios privados, restringiendo la libertad de expresión y debilitando el rol fiscalizador del periodismo.
Rechazamos la propuesta y exigimos el respeto irrestricto a la independencia de los medios de comunicación; a las libertades de prensa y expresión, a la Constitución y los tratados internacionales.
Consejo de la Prensa Peruana emite comunicado
Señalan que la «franja informativa» que busca imponer el gobierno de Dina Boluarte en la prensa atenta contra la pluralidad de puntos de vista y la información imparcial.
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