María Cordero enfrenta otra investigación en la Fiscalía por el recorte de sueldo de su exasesor hasta por S/80 mil (Foto: Agencia Andina)
María Cordero enfrenta otra investigación en la Fiscalía por el recorte de sueldo de su exasesor hasta por S/80 mil (Foto: Agencia Andina)

La Procuraduría General del Estado (PGE) solicitó hoy a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, iniciar una investigación preliminar a la congresista María Cordero Jon Tay por haber usado a un trabajador de su despacho para que realice trámites personales a nombre de ella, ante la Agencia de Cooperación Internacional (APCI), en horario de oficina.

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El presunto delito por el que la Procuraduría ha solicitado el inicio de diligencias preliminares contra Cordero Jon Tay es por la comisión de peculado doloso por los hechos ocurridos el pasado 15 de agosto, en las oficinas de la APCI, en la que según cámaras de video de seguridad confirman la presencia de un trabajador de la oficina de Cordero para realizar trámites a nombre de la ONG Amistad Perú Latinoamericana (IPREDA), en la que Cordero fue representante legal en el pasado.

La Procuraduría informó en Twitter el pedido que realizó a la Fiscalía por una nueva denuncia contra Cordero.

Según el reportaje emitido en Punto Final, alrededor de las 10:42 de la mañana, Cordero aparece en la escena de los hechos, con un saco celeste y con el rostro cubierto por una mascarilla negra. Ingresa a la APCI, donde hace pocos minutos su trabajador inició una conversación con un funcionario de la agencia, y se une a la charla. Ella, sin embargo, no se registró.

Como se recuerda, la segunda semana de este mes, el extrabajador de la congresista María Cordero, Rafael Cabrejos, confirmó, en la Comisión de Ética, que entregó la mitad de su sueldo a la legisladora, y explicó que el monto total que le descontó fue “más de 80 mil soles” durante casi un año.

También confesó que la legisladora obligó a sus trabajadores de oficina comprarle joyas y perfumes.

Por ese mismo caso, la legisladora es investigada en la Fiscalía. El informe final en la Comisión de Ética, que podría recomendar su suspensión de 30 o 120 días, estaría listo a fin de mes.

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