El Gobierno de Pedro Castillo sigue demostrando su incapacidad para designar a personas con idoneidad en cargos públicos. Luego de varias advertencias de la Contraloría, finalmente retiraron del cargo a la procuradora general del Estado, María Caruajulca, sin embargo, en su lugar designaron a un cuestionado abogado que en el pasado fue vinculado a Fernando Zevallos (alias ‘Lunarejo’), exdueño de Aerocontinente que fue condenado por lavado de activos y tráfico ilícito de drogas.
Se trata de Javier Wilfredo León Mancisidor, cuyo nombramiento fue oficializado mediante la resolución suprema N.º 189-2022-JUS, publicada en El Peruano, con las firmas del presidente Castillo, y la del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Félix Chero.
Con 45 años de edad, la experiencia de León no justifica el cargo que hoy ostenta. Entre 2012 y 2013 asesoró durante seis meses al entonces congresista fujimorista Carlos Tubino, quien le dio de baja cuando la Décima Fiscalía Penal Provincial de Lima le abrió una investigación por presunta apropiación ilícita para delinquir, falsificación de documentos y fraude procesal a favor del ‘Lunarejo.
Según su declaración jurada de ingresos, entre 2019 y 2021 laboró en la Municipalidad de Ventanilla y en este último año fue Jefe de la Unidad de Servicios Generales en el Hospital Municipal de Los Olivos, con un sueldo de S/ 4,500.
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Para el exjefe de la Unidad de Extradiciones de la Procuraduría Anticorrupción, Yvan Montoya, resulta contradictorio que designen a una persona sin experiencia en temas de defensa de intereses públicos, después de haber desacreditado a Daniel Soria (predecesor de Caruajulca).
“Decían que Soria no cumplía con los requisitos de haber trabajado en la defensa jurídica del Estado y ahora nombran a este señor. No tiene sentido, el Procurador del Estado tiene el poder de solicitar a la Fiscalía que investigue a altos funcionarios del Estado, tiene funciones sensibles y delicadas que lo obligan a tener un perfil de autonomía e independencia respecto a los otros poderes del Estado”, declaró a Perú21.
Por su parte, el constitucionalista Joseph Campos, defensa de Soria, advirtió que con la designación de León, se está descomponiendo a la institución. “Si fue investigado (por presunta apropiación ilícita para delinquir, falsificación de documentos y fraude procesal), creo que no aporta ninguna garantía a la institución que fue creada específicamente para que no dependa de los gobiernos”, dijo a RPP.