El Instituto de Defensa Legal y un grupo de abogados presentaron una demanda constitucional de amparo ante el Poder Judicial con el fin de suspender el proceso de elección de seis nuevos magistrados del Tribunal Constitucional (TC).
Con ese propósito, la demanda es interpuesta contra el presidente del Congreso, Pedro Olaechea, “por el procedimiento de elección de magistrados del TC sin contar con mecanismos de publicidad y transparencia que permitan asegurar la independencia, idoneidad y legitimidad de los candidatos”.
El documento reclama, además, la anulación de “todos los actos parlamentarios adoptados en el marco del proceso de convocatoria a elecciones de magistrados del Tribunal Constitucional, incluyendo la elección de un proceso especial, la presentación y la designación de candidaturas a magistrados del Tribunal Constitucional, así como aquellos actos ulteriores”.
Asimismo, advierte que el proceso iniciado en el Parlamento ha vulnerado una serie de derechos fundamentales del ciudadano como el derecho de acceso a la justicia “en sus posiciones relativas a que los mecanismos de elección de magistrados sean públicos y transparentes”, y el derecho a la participación ciudadana en la selección y nombramiento de magistrados.