El Gobierno de Pedro Castillo, en Consejo de Ministros, aprobó un proyecto de ley –que será enviado al Congreso– para penalizar hasta con 4 años de cárcel la filtración de información fiscal en etapa preliminar, una iniciativa que atenta contra la .

Para el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), la intención del Ejecutivo “es a todas luces inconstitucional y correspondería más bien a un intento de impedir que se informe sobre los numerosos imputados del régimen”.

Recordó que la información publicada referido a investigaciones fiscales, en su mayoría, proviene de fuentes confidenciales y tienen interés público, lo que protege su difusión con el derecho a la libertad de información.

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La Federación de Periodistas del Perú (FPP) rechazó “categóricamente” el proyecto y alertó que los hechos de corrupción del actual Gobierno no podrían salir a la luz con esta premisa legal.

“Este proyecto de ley pretende minimizar el periodismo de investigación y dejar a la verdad, principio básico de la prensa, catalogarlo como un delito penal y judicializarlo en su máxima expresión”, apuntó la FPP.

La idea había sido anunciada hace unas semanas por el ministro de Justicia, Félix Chero, pero el viernes obtuvo el respaldo de los demás miembros del Gabinete.

“La información reservada se da a conocer rápidamente al público, a veces seleccionando información con el propósito de imputar la comisión de delitos”, sostuvo el premier Aníbal Torres para justificar esta ‘ley mordaza’.

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