Víctor Prado: "Si un juez pierde credibilidad social, es mejor que se dedique a otra actividad"

El escándalo de los audios de la vergüenza ha sido un duro golpe para el Poder Judicial. Escuchar a jueces y fiscales coordinando favores a terceros y entre ellos ha minado aún más la imagen de la institución encargada de impartir justicia, pero también muestra, de acuerdo a la hipótesis de la Fiscalía, cómo la organización criminal Los Cuellos Blancos logró penetrar en los más alto del sistema judicial.

En julio de 2018, el vocal supremo Víctor Prado Saldarriaga asumió la presidencia del PJ en medio de la crisis que provocaron estos audios. Luego de siete meses de haber dejado el cargo, realiza en esta entrevista un balance sobre el impacto en su institución y la tarea de autosanación que está pendiente.

Además, en este tiempo fuera de la presidencia, Prado Saldarriaga logró culminar el libro “Lavado de activos y Organizaciones Criminales en el Perú, Nuevas Políticas, Estrategias y Marco Legal”, el cual presentará mañana en la sede de la Corte Suprema.

Es una conexión histórica en el mundo entero. Las organizaciones criminales se construyen como un proyecto de futuro, continuo en el tiempo. Por ende, buscan desarrollar su crecimiento no solamente en el ámbito de su capacidad territorial, sino también de lograr intervenir en aquellos sectores que pueden construir barreras y acciones contra ellos. Por eso buscan influenciar en los niveles de decisión tanto económica como política.

A partir de la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de drogas de 1988, luego de las experiencias ocurridas con Colombia, en tiempos de Pablo Escobar, y en Italia, va ha generarse lo que luego será la Convención de Palermo de 2000. Ese proceso de cambios es el que da lugar a una nueva lectura del fenómeno de la criminalidad organizada y va a obligar a los Estados a cambiar su perspectiva y sus estrategias frente a esta problemática. Por eso, el Perú comienza a desarrollar a partir de la primera década del presente siglo un cambio de normatividad y de estructuras organizacionales del Estado para hacer frente a la criminalidad organizada.

El poder de penetración de la criminalidad organizada ha abarcado casi todas las esferas del Estado. Pero la política de detección de esta infiltración y su expulsión es algo que comienza recién a consolidarse. La experiencia peruana debe tomar en cuenta lo que se avanza en otros países.

El impacto ha sido y sigue siendo significativo en la conciencia institucional y la credibilidad ciudadana hacia la institución. De hecho, las medidas que se lograron aplicar han brindado algunos resultados, pero se requiere un proceso de mayor incidencia. Por ejemplo, no se logró obtener del Congreso lo que se solicito para que la Sala Plena de la Corte Suprema pudiera tomar decisiones de destitución o de suspensión de magistrados cuestionados en tanto no haya un Consejo Nacional de la Magistratura. Eso hubiera sido una herramienta bastante útil para proceder a esa atención particular y de reacción frente a los casos que se conocían.

Cada persona es un universo en sí mismo. Es difícil si quiera interpretar la conducta de terceros, pero me parece importante decir que cuando un juez pierde credibilidad social, cuando un juez genera un cuestionamiento sólido y objetivo sobre su comportamiento como administrador de justicia, yo creo que lo más saludable es que ese juez se dedique a otra actividad. Si algo tiene que cuidar el juez, es su transparencia y su respeto en la sociedad.

Yo dejo que esas expresiones y esos datos que han trascendido hace casi un año se diluciden en el canal que corresponden que es el Ministerio público y Congreso. Hasta ahora se sigue debatiendo esto. Aún no hay resultados importantes. Por eso reitero que esa medida de emergencia que solicitamos al Parlamento tiene todavía una necesidad de entrar en vigencia.

Lo importante es consolidar el perfil del juez. Tiene que haber una selección más rigurosa de la persona que va a administrar la justicia. Creo que en nuestro futuro debe proyectarse a una estabilidad positiva de la aceptación social de nuestra institución.

Si existe realmente un interés institucional en asumir plenamente el futuro como una obligación hacia el país de recuperar la confianza, yo creo que sí. De lo contrario, la posibilidad de ser un referente social positivo va a ser siempre limitado. Confiemos en que se realice una revisión de lo que se ha hecho y lo que queda por hacer se priorice para alcanzar mejores resultados. Confío en que el Poder Judicial pueda asumir su propio cambio.

Creo que el procedimiento de elección se planteó apresuradamente. Se siguió el modelo para elegir jueces, cuando el perfil de quienes debían integrar la junta era otro. Se necesitan personas de alta credibilidad y transparencia, que merezcan un respeto social muy importante, pero la convocatorio mostró que ese perfil no se logró definir. De manera que en esta nueva oportunidad que tiene la comisión especial, se tiene que empezar al revés. Primero hay que asegurar que los candidatos tengan esa idoneidad que implica integridad moral, vocación democrática, vocación de servicio y luego de tener esos perfiles, recién pasar a las otras líneas de evaluación. Entre ellas, me parece importante que se conozca el manejo de una crisis institucional como el que afrontamos.

El sueldo no se ha aumentado realmente. Lo que pasó, y creo que ya se explicó, es que en el presupuesto que aprobó el Congreso olvidaron un cambio de partidas que ya existía. Entonces lo único que se ha hecho es poner legitimidad de lo que ya existía.

Claro, pero siguen ganando más que un ministro…
Depende, el juez de la Corte Suprema tiene un periodo de actividad mayor que la de un ministro. Nosotros tenemos bonificaciones por el tiempo de servicio. Cada vez que cumplimos cinco años de servicio tenemos un reconocimiento de incremento. En cambio, un ministro puede durar solo meses. También hay otros factores que determinan que la remuneración de un vocal supremo debe estar a la altura del cargo y la responsabilidad que tiene. Y si compara lo que ganan los jueces supremos en otros países, hay una gran diferencia.

Pero quizás sea porque tienen un sistema de justicia más sólido…
No, lo que pasa es que en otros países se entiende mejor lo que significa administrar justicia. Eso todavía no se de manera clara en el Perú, por los problemas que hemos tenido.

El libro tiene dos partes claramente delimitadas. La primera trata de lavado de activos y la segunda está referida a las organizaciones criminales. Revisa de manera analítica la evolución reciente en la política criminal y en la legislación nacional en estos dos temas. Encontrarán el estado actual de estos dos delitos que generan preocupación en el mundo. Y al final se presentan propuestas de reformas en la legislación para combatir a estas redes criminales.