El Escuadrón de la Muerte paga por sus primeros homicidios

En un descampado del distrito de Puente Piedra, en Lima, yacían los restos de cuatro hombres. Cada uno tenía siete balazos en diferentes partes del cuerpo. Era el 18 de noviembre de 2012 cuando un destacamento de la Subunidad de Acciones Tácticas (SUAT) de la Policía Nacional fue alertada del posible secuestro del empresario de colchones Raúl Badillo Marcelo, quien ni siquiera se encontraba en la ciudad en el momento de la operación.

El hermano del coronel PNP Franco Moreno Panta, hoy jefe de la Diviac, acababa de fallecer enfrentando a la SUAT, que lo señalaba de delincuente y perpetrador del fallido rapto al empresario Badillo.

Sin embargo, Israel Moreno Goyeneche era un simple teniente de la Policía. Franco Moreno denunció el homicidio y fue de esta manera que se conoció por primera vez del accionar del Escuadrón de la Muerte: un grupo de policías que armaban falsos operativos y asesinaban a sangre fría en busca de ascensos, dinero y prestigio mediático.

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Entre 2012 y 2015, durante el gobierno de Ollanta Humala, miembros de mente criminal de la unidad de inteligencia de la Policía Nacional decidieron juntarse y presentar información falsa a una unidad operativa de la entidad.

En estos oficios aseguraban tener los datos exactos sobre una organización criminal altamente peligrosa que pretendía atentar contra una persona. Todo estaba armado.

A través de un “informante”, incitaban a personas denominadas por la Fiscalía “proclives a la delincuencia” ofreciéndoles trabajo fácil y haciéndoles creer –con datos exactos sobre el atraco– que ganarían grandes cantidades de dinero al asaltar a una inexistente víctima.

Cuando llegaban al lugar, lo único que encontraban eran a los oficiales de la SUAT que ya tenían las armas cargadas para asesinarlos.

Cabecillas

Raúl Prado Ravines era la cabeza de la operación, pero el ahora excomandante de la PNP no trabajaba solo. Los excoroneles José Zúñiga Saavedra y César Iturrizaga Cruzalegui, el excapitán Arévalo Quispe y el general Vicente Álvarez Moreno participaron activamente en estos homicidios, según la tesis fiscal.

Por esa tarea fueron condecorados, ascendidos y remunerados con dinero que estaba destinado para las supuestas operaciones que no eran más que una creación de este grupo.

En conjunto operaron nueve veces en cuatro lugares distintos. Cinco veces en Lima, dos veces en Chincha, una vez en Piura y otra en Chiclayo. Se llevaron la vida de 32 civiles y la cúpula terminó siendo integrada por 14 personas.

La denuncia del policía Moreno llegó al programa ‘Mira Quién Habla’, que se transmitía en Willax TV, y fue el primer medio en publicarla. A partir de ese momento, el caso comenzó a ser investigado por el Ministerio Público y contó con el apoyo el exministro del Interior Carlos Basombrío (2016-2017), quien hizo un informe sobre estos actos, ubicando a los cabecillas.

Pese a estos ilícitos, algunos medios de comunicación contaron la historia a su manera. Según aseguró el exministro Rubén Vargas, “algunos medios pretendieron presentar a esos asesinos como si fueran justicieros porque jueces y fiscales no estaban administrando bien la justicia”. “Estos malos policías estaban tomando la justicia con sus manos; esa es la narrativa que construyeron para victimizarlos”, dijo a Perú21.

Enfrentando una situación así de compleja, la Fiscalía logró poner ante la justicia a los expolicías implicados. Hace unos días, el Poder Judicial condenó a 35 años de prisión a Raúl Prado Ravines, Carlos Llanto Ponce y Williams Castaño Martínez por el delito de homicidio calificado.

“La decisión que se tomó en 2016 fue muy importante, se realizó una operación quirúrgica y de extirpación a este Escuadrón de la Muerte que pudo haber contaminado a toda la institución policial, pero se logró actuar a tiempo”, aseguró Vargas.

Uno anda suelto

El general Vicente Álvarez Moreno fue parte de este grupo homicida. Desde hace tres años tiene pendiente un pedido de prisión preventiva. En agosto de 2016 su institución lo pasó al retiro, apeló y logró reincorporarse en 2020. Aún sin sentencia por este caso, tuvo una estrecha relación con el cuestionado exministro del Interior del presidente Pedro Castillo, Luis Barranzuela.

Antes de regresar a la Policía, fungía de asesor de las fuerzas del orden en el Vraem y se paseaba sin restricciones por las bases militares, según informó este diario.

Tiene, además, acusaciones desestimadas en primera instancia por robar combustible a la institución policial.

Tenga en cuenta

Otros integrantes del Escuadrón de la Muerte son Carlos Llanto, exagente de Inteligencia y exhombre de confianza del cabecilla Prado; Manuel Angulo Lescano, exagente de Inteligencia; Simón Ponce Briones, exagente de la Divinrob (cabecilla) y al exsuboficial Williams Castaño Martínez.

En su momento se dijo que el objetivo de este grupo estaba relacionado con el gobierno de Ollanta Humala para evidenciar una política de seguridad bastante alta. Se mencionó también a Iván Vega, exviceministro de Humala, como presunto manto protector de los homicidas.

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