El empresario peruano Gonzalo Monteverde sabía lo que se le venía. Por eso, se adelantó a la Policía que ayer poco antes de las 7 a.m. entró a su casa y a la de su esposa en busca de ambos, pero no los hallaron.
Los agentes acompañaron al fiscal José Domingo Pérez del equipo Lava Jato, quien consiguió una orden de detención por diez días contra Monteverde, su esposa María Isabel Carmona Bernasconi y sus socios Jorge Salinas Coaguila, Marcionila Cardoso Pardo y Carlos Ángeles Figueroa. También se ordenó el allanamiento y descerraje de sus casas.
Pérez presentó el pedido al Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria el pasado jueves al conseguir más pruebas en los interrogatorios a ex funcionarios de Odebrecht en los últimos días en Brasil.
Fue una diligencia en simultáneo que se realizó en siete inmuebles ubicados en Surco, Chorrillos y Miraflores.
El propio Pérez confirmó que Monteverde está como no habido. “Todavía no se registra alguna salida por algún puesto fronterizo o de Migraciones de las personas que tienen esta orden de detención”, señaló.
“Estamos a la espera y a la expectativa de que la Policía pueda lograr la detención de las otras personas”, agregó.
Hasta el cierre de esta edición, solo se logró la captura de Marcionila Cardoso y Carlos Ángeles.
Blanqueo
Según la orden judicial que este diario revisó, la Fiscalía investiga a Monteverde y a sus socios por los presuntos delitos de lavado de activos y asociación ilícita para delinquir.
El Ministerio Público sostiene que Monteverde, como apoderado general de 36 empresas, algunas de ellas de fachada, recibió en el periodo 2007-2015 alrededor de US$29 millones de empresas vinculadas a Odebrecht para introducirlos en el país.
El papel del empresario, según la Fiscalía, era blanquear este dinero dentro del país y finalmente destinarlo a cuentas de empresas offshores en el extranjero.
Para ello, Monteverde habría utilizado la modalidad del “ruleteo” en la que transfería montos menores a otras empresas que también lo tenían a él como apoderado general.
Esta hipótesis fiscal fue respaldada por la declaración de ex funcionarios de Odebrecht, como el ex tesorero internacional Luiz da Rocha Soares, a la Fiscalía peruana.