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El (CEPJ) destituyó a un y siete servidores jurisdiccionales de diversos distritos judiciales del país al habérseles encontrado responsabilidad en el incumplimiento de sus deberes funcionales en el ejercicio del cargo.

Las medidas fueron dictadas en atención a las propuestas de destitución formuladas por la Oficina de Control de la Magistratura (Ocma) que realizó las investigaciones.

Los destituidos incurrieron en diversas inconductas como tramitación indebida de expediente que no era de su competencia, infringir sus deberes facilitando la desaparición y cobranza de depósitos judiciales, y recepción de sumas de dinero por asesoría a una justiciable, entre otras.

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Las sanciones en mención fueron publicadas en el diario oficial El Peruano, tras concluir las respectivas investigaciones disciplinarias.

En el Distrito Judicial de Puno fue destituido el juez de paz de Segunda Nominación del distrito de Moho de la Corte Superior de Puno, Adolfo Ramírez Condori; el técnico judicial del Primer Juzgado Especializado de Trabajo de Ascope de la Corte de La Libertad, Kehuar Pereda Arteaga; y la servidora adscrita a la Corte Superior de Lima, Mary Ann Castillo Falcón.

De igual modo, en la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) fue sancionada la asistente judicial encargada de la Mesa de Partes, Yolanda León Rojas; y en Distrito Judicial de Moquegua, el auxiliar jurisdiccional Juan José Coaguila Bustamante.

Por su parte, en la Corte Superior de La Libertad fueron destituidos los secretarios judiciales del Juzgado Mixto de Julcán, Vicente Nureña Tisnado y Gaspar Lavado Vega; y en el Distrito Judicial de Ica, la trabajadora Rocío Saavedra Aguilar.

El órgano de gobierno judicial impuso la drástica medida en el marco de la función contralora que le asigna la Ley Orgánica del Poder Judicial.

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