Luego de más de siete años de proceso, el Poder Judicial excluyó del caso Odebrecht a José Luis Bernaola Ñufflo, exchofer del expresidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK), y a quien el Ministerio Público acusó del delito de lavado de activos como parte de una supuesta organización criminal, por lo que solicitó que se le imponga once años y 6 meses de prisión.
Ayer, el titular del Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional de la Corte Superior Nacional de Penal Especializada, Jorge Luis Chávez Tamariz, declaró fundada la solicitud de sobreseimiento (archivo) de la causa, y determinó que “si bien el Ministerio Público tiene la carga de la prueba”, en este caso “no se alcanza evidencia en un nivel de sospecha suficiente o preponderante del delito de lavado de activos”.
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Julio Midolo, abogado de Bernaola, no descartó la posibilidad de que su patrocinado solicite el pago de una reparación civil debido al perjuicio económico que le ocasionó la acusación, pero precisó que será el exchofer de PPK quien tome la decisión al respecto.
“Es un daño que se le ha hecho a una persona que es totalmente inocente y que ha sido instrumentalizada por la Fiscalía para construir ese argumento absurdo de organización criminal, que estaría integrada por el señor Kuczynski, su secretaria (Gloria Kisic) y su chofer”, comentó.
Semanas atrás, Bernaola, en entrevista a RPP, señaló que lo ocurrido “ha perjudicado mi vida”. “No tengo trabajo, lo hago eventualmente con amigos que me conocen y me llaman para darles un servicio para manejar porque lamentablemente es lo único que puedo hacer ahora. (…) Mi hija intentó suicidarse por estas cosas, ver a su padre con grilletes; nunca tuve esta clase de problemas”, dijo con voz quebrada. Hoy, Bernaola queda fuera del proceso, pero el daño ya está hecho.
TENGA EN CUENTA
El fiscal José Domingo Pérez alegó que, en 2011, PPK le dio cuatro cheques de gerencia por US$115,000 a su chofer, que el dinero provenía de Odebrecht y él lo sabía.
Bernaola precisó que él manejaba una caja chica para atender pagos de personal, veterinaria, servicios de gasfitería e incluso gastos médicos. “La Fiscalía dijo que yo no podía hacer eso”, recordó.
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