Poder Ejecutivo plantea cuestión de confianza con miras a su Asamblea Constituyente

La convocatoria a una Asamblea Constituyente fue el caballito de batalla de Pedro Castillo en campaña electoral y durante el primer tramo de su gobierno, y aunque en los últimos meses la propuesta se mantuvo en un estado de letargo, ayer quedó demostrado que no es un capítulo cerrado. Lo confirmó el propio presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, al presentar una cuestión de confianza sobre una iniciativa que ingresó ayer mismo al Legislativo, la cual plantea derogar la Ley Nº 31399 que dio el Congreso para regular el uso del referéndum para cambios a la Constitución Política.

Dicha norma, promulgada en enero pasado, precisa que toda reforma constitucional debe ser aprobada obligatoriamente por el Congreso. La medida, se recuerda, le cortó las alas a la pretensión gobiernista de someter a referéndum la convocatoria a una Asamblea Constituyente que redacte una nueva Carta Magna en reemplazo de la vigente que data de 1993.

Con su planteamiento de cuestión de confianza, el jefe del gabinete deja en claro que lo que busca ahora el régimen es retomar su cuestionada iniciativa, y así lo han advertido congresistas de distintas tiendas y reconocidos constitucionalistas. Todo esto en medio de numerosas y graves denuncias de corrupción contra el jefe de Estado quien es sindicado por el Ministerio Público como el cabecilla de una organización criminal.

No obstante, el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros repitió con insistencia que no hay intención del Ejecutivo de cerrar el Parlamento. Sus comentarios intimidatorios y amenazas veladas en varios pasajes de su alocución, sin embargo, lo desdijeron.

CUESTIÓN DE CONFIANZA

La jornada congresal empezó temprano con la sesión plenaria. En ese interín y sin previo aviso, Aníbal Torres llegó al Palacio Legislativo acompañado de los integrantes de su gabinete sorprendiendo a algunos congresistas aunque ya desde la víspera se rumoreaba sobre la posibilidad de su presentación. Sin información oficial sobre el motivo de su participación en el Pleno empezaron las especulaciones, pero fue el mismo Torres quien desde los primeros segundos de su intervención despejó las dudas al anunciar que plantearía una cuestión de confianza. Ya no –como lo anunció días atrás– sobre su proyecto para derogar la Ley 31355 que regula la aplicación de la cuestión de confianza, toda vez que este fue enviado al archivo por la Comisión de Constitución.

El primer ministro sacó de bajo la manga otro tema para justificar su pedido. Y es que mientras esperaba ingresar al hemiciclo, el Ejecutivo presentó otra iniciativa para derogar la Ley Nº 31399 que regula el uso del referéndum para cambios constitucionales.

Para fundamentar su solicitud, señaló que la referida norma “desnaturaliza el derecho ciudadano a la participación política de manera directa y sin intermediaciones” a través del derecho al referéndum. Además, para justificar la presentación de la cuestión de confianza arguyó que la Ley 31399 “incide en la política general de gobierno” que, entre otras cosas, considera la necesidad de “consolidar la institucionalidad democrática, la gobernabilidad y la participación política de los ciudadanos”.

CIERRE DEL CONGRESO

En varios pasajes de su discurso, el jefe del gabinete sostuvo que no era pretensión del gobierno trazar con esta medida el camino hacia un cierre del Congreso. “No vengo a presentar el proyecto de ley con el fin de cerrar el Congreso. (…) Si el Ejecutivo hubiera querido cerrar el Congreso hubiéramos presentado dos o más proyectos de ley, planteando dos o más cuestiones de confianza respecto de estos, puesto que nada impide formular estas de manera simultánea o sucesivamente”, dijo displicente. Y enseguida, fiel a su estilo, le enrostró al Parlamento el haber “aplicado mecanismos de control político como interpelaciones y/o censuras, de manera sucesiva, incluso simultánea”.

Torres agregó que la presentación de la cuestión de confianza estaba “constitucional y legalmente habilitada”, y aseguró que su concurrencia ante el Congreso no era “en son de guerra” sino “en son de paz”.

Contradiciendo ese espíritu supuestamente conciliador, empero, añadió desafiante que el Ejecutivo no necesitaría “más de cinco días para poder llegar a la conclusión que pretenden llegar algunos”, es decir, cerrar el Parlamento. “No, nosotros no estamos en ese camino, nosotros queremos la gobernabilidad, nosotros somos democráticos”, alegó.Sin embargo, claramente se advierten las intenciones del gobierno de asestar un golpe de Estado al estilo de Alberto Fujimori.

Toda su intervención duró poco más de veinte minutos. Leyó un discurso de siete páginas pero se salió más de una vez del libreto. Lo hizo para pechar a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, – “analicen la hoja de vida del que habla y de la señora fiscal de la Nación considerando las denuncias para determinar quién es el que debe ser investigado, si yo o ella”–, pero también para dejarle en claro al Legislativo que no aceptará un no como respuesta a su petición.

“No optemos por términos oscuros, ambiguos, resolvamos como establece el artículo 133 de la Constitución. (...) El rehusamiento puede ser por cualquiera de esos mecanismos de declarar la inadmisibilidad, la improcedencia o cualquier otro mecanismo, eso, por supuesto, lo entenderá el Ejecutivo como un rehusamiento de la cuestión de confianza”, advirtió.

Desde Lambayeque, el jefe de Estado comentó que la cuestión de confianza apunta a “recuperar facultades que le corresponden a los poderes del Estado”. “Espero que el Congreso se ponga del lado del pueblo”, prosiguió el mandatario que buscaría emular a Fujimori.

Ajeno a estas afirmaciones, el titular del Legislativo, José Williams, informó que la Mesa Directiva evalúa el trámite que se le dará a la cuestión de confianza. El tema se dilucidaría recién después de la visita de un Grupo de Alto Nivel de la OEA a nuestro país.

SABÍA QUE

Horas después de la presentación de la cuestión de confianza, el Congreso rechazó la solicitud del presidente Castillo para participar en la XVII Cumbre de la Alianza del Pacífico en México. .

En contraste, la representación parlamentaria sí le concedió autorización al mandatario para asistir al encuentro presidencial y IV Gabinete Binacional Perú-Chile que se realizará el 28 y 29 de noviembre en Santiago de Chile.

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