La tutela de derechos presentada por el expresidente golpista Pedro Castillo (2021-2022), en la que solicitó que se excluyera el acta policial de su detención tras el fallido autogolpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, fue rechazada por la Corte Suprema.
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Castillo, detenido desde diciembre de 2022, pedía que se excluya el acta de intervención policial, cuando fue detenido por la Policía Nacional, al señalar que vulneró el debido proceso, indicó el Poder Judicial en su cuenta de la red social X.
La decisión de la Corte Suprema es una nueva derrota de la defensa de Castillo. Esto, porque en enero se vio una tercera audiencia de tutela de derechos del exmandatario.
No constan motivos razonables para entender que, con motivo de la intervención policial, y las primeras diligencias realizadas, se produjo una “indefensión material o se vulneró gravemente” el curso normal del procedimiento, fue el argumento de la Corte Suprema en su fallo.
A raíz de los hechos, Castillo es procesado por los delitos de rebelión, conspiración, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública en agravio del Estado y la sociedad.
El expresidente peruano era investigado por varias denuncias de corrupción, como el caso Gabinete en la Sombra, y afrontaba un pedido de destitución en el Congreso cuando anunció, en un mensaje de televisión, que cerraba el Parlamento e instalaba un Gobierno de emergencia.
El intento de autogolpe no tuvo respaldo, a excepción de su gabinete, y Castillo, junto a su esposa e hijos, se dirigió a la embajada de México con la presunta intención de asilarse en ese país.
En el camino a esa sede diplomática, Castillo fue interceptado por la Policía y detenido en “flagrante delito”, mientras que su esposa e hijos fueron asilados por México y viajaron a ese país.
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