El Poder Ejecutivo presentó un proyecto de ley al Congreso para sancionar a los invasores y traficantes de tierras o inmuebles públicos o privados con penas de hasta 10 años de prisión. También incorporó la figura del desalojo preventivo como una medida de protección a la propiedad.
La pena más grave es de cinco a 10 años para los que utilicen armas de fuego o explosivos en la invasión. Las sanciones también están dirigidas a dos o más personas que coloquen hitos, cercos perimétricos, esteras, plásticos u otros materiales, o se utilicen bienes del Estado.
Al respecto, el integrante de la Comisión de Descentralización del Parlamento, José León, señaló que este proyecto del Gobierno "es oportuno y necesario porque las invasiones se han convertido en una especie de cultura y costumbre en nuestro país". Sin embargo, consideró necesario que las sanciones se apliquen también a los alcaldes y presidentes regionales que hacen populismo con las invasiones en épocas electorales. "Con el objetivo de reelegirse, alientan esta ilegalidad en las afueras de las ciudades", dijo León.