El Ejército del Perú sigue maniobrando de manera cuestionable sus recursos internos. Esta vez se trata del Centro de Idiomas Virgen de las Mercedes (Civime), un instituto de estudios para militares y civiles de cuyas arcas han desaparecido como humo casi S/2 millones sin que nadie se preocupe en investigar.
Y es que, según un informe del Comando de Educación y Doctrina del Ejército, presentado el 7 de febrero de 2023, se han dado a conocer una serie de irregularidades que sucedieron en 2022.
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Hasta la fecha, el Ejército no ha iniciado ninguna diligencia para conocer la verdad pese a que el Comando de Bienestar del Ejército (Cobiene) ha calificado la atención del caso como “muy urgente”.
¿PÉRDIDA O ROBO?
Este centro de idiomas fue creado en 1985 y desde el día de su inauguración se dejó en claro que el Civime es un lugar autofinanciado, sin fines de lucro y que además no irrogaría gastos al Estado, ni a los pliegos de cualquier instituto de las Fuerzas Armadas del Perú.
Sin embargo, la historia tomó un curso irregular durante la gestión del director saliente, el coronel Humberto Enrique Granara Rossello, según dio cuenta el director entrante, Hector Marquina Barreto, en un informe de relevo de 2023.
A fines de 2021, el Civime tenía en sus cuentas un “dinero intangible” cuyo total era S/1′927,818.43. Ese fondo no se podía tocar porque estaba destinado a mejorar la infraestructura de la entidad, ubicada en la avenida Arequipa, en Santa Beatriz.
Un año después, no obstante, los directivos usaron el dinero para fines diferentes y no precisados, hasta que gastaron S/1′821,434. Casi el monto completo.
Según el informe del Comando de Educación, esto ha generado una “afectación innecesaria de gastos”, sobre todo porque la infraestructura no se iba a utilizar debido a la virtualidad de las clases durante la pandemia.
Asimismo, el actual director de Civime consignó en el informe que el coronel Granara había gastado el fondo de reserva para la infraestructura y equipamiento sin autorización del comandante general del Ejército, y que por ello se debía investigar esa presunta conducta ilícita.
Y, es que según el documento, el Civime contrató a dos empresas (Maugua E.I.R.L. y 39UML Constructores y Servicios Múltiples E.I.R.L.) para que realicen el mantenimiento de su infraestructura sin que haya manera de verificar o dar conformidad de ese trabajo.
A pesar de las irregularidades, el Cobiene señaló que no estaba dentro de sus competencias “ejercer un control sobre los recursos económicos” del Civime o abrir un proceso de investigación, ya que “no son parte de la administración del Ejército”.
“Se precisa que no existen elementos suficientes para aperturar un proceso de investigación contra el personal militar laborado en el AF-2022, en vista de no haberse determinado que habrían cometido una infracción grave o muy grave tipificada”, indica un oficio del Cobiene, que data de enero de 2024.
Al ser consultado por Perú21, el Ejército comunicó que se inició un proceso “a raíz de una investigación de la Procuraduría del Ejército Oficio N.° 250-2024 del 18 de enero 2024″ contra el coronel Humberto Granara Rossello en el Fuero Militar Policial por delito de Desobediencia.
Sin embargo, es un proceso contra la persona, mas no para conocer la desaparición del dinero.
MÁS IRREGULARIDADES
Por si esto fuera poco, otras observaciones señalan incluso que no hay una formalización de la inscripción del Civime en el registro público de Sunarp.
Tampoco se ha implementado una remuneración permanente a los trabajadores. Esto significa que no les otorgaron gratificaciones, CTS, entre otros derechos laborales, según la respuesta del director entrante. Los trabajadores han demandado a la entidad ante Sunafil y piden más de S/80 mil soles en reparaciones.
De acuerdo al Comando de Educación, el centro de estudios tampoco cuenta con libros contables pese a haber contratado a un contador, a quien se le pagó por sus servicios desde 2019 hasta 2022. La empresa contable es Aerus Plus Consultores S.R.L. está representada por el gerente general Omar Soldevilla.
El Civime es actualmente considerado como un infractor tributario por la Sunat.
El informe ha advertido un total de 15 observaciones, pero hasta junio de 2024 no han sido resueltas. Una vez más, el Ejército está envuelto en actos de corrupción y no hay respuesta siquiera para aclarar esta situación.
TENGA EN CUENTA
-Perú21 consultó con la Oficina de Comunicaciones del Ejército si el coronel Granara Rossello podía brindar declaraciones. No obstante, la entidad militar respondió que los oficiales en actividad no podían pronunciarse a menos que lo hagan a través de un pedido formal.
-Este diario denunció también que el Ejército apuró un contrato millonario con una empresa panameña para que repare helicópteros rusos sin que esta tenga un taller en el Perú. La entidad armada adujo que acuerdo era necesario.
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