Perú Libre beneficiaría a 11 universidades sin licencia

No se cansan de petardear la reforma. Una vez más Perú Libre, en esta ocasión a través del congresista Víctor Cutipa, presentó un proyecto de ley que atenta contra la reforma universitaria. La iniciativa busca beneficiar a las universidades privadas (asociativas) con una nueva oportunidad para reabrir sus puertas, pese a no estar licenciadas por no cumplir con los estándares básicos de calidad.

Dentro de este grupo de 11 casas de estudio que no cuentan con permiso de funcionamiento, se encuentran centros como la universidad lnca Garcilaso de la Vega –uno de cuyos rectores llegó a ganar más S/1 millón de soles mensuales– que tienen relación directa con parlamentarios que integran la Comisión de Educación y apoyan la contrarreforma universitaria. Por si esto no fuera poco, la universidad San Pedro, de donde egresó el parlamentario Víctor Cutipa, pertenece a esta lista de lucrativos negocios educativos.

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Según el proyecto, Cutipa pretende involucrar al Ministerio de Educación (Minedu) en esta “segunda oportunidad” para esas universidades. Plantea en su propuesta la creación de una Comisión Reorganizadora y que esta sea convocada por el propio Minedu, cuando, según los expertos, esa tarea no le corresponde a dicho ministerio.

Así, se puede leer en el Proyecto de Ley Nº 1466: “Si una universidad pública con licencia institucional denegada no cumple con su plan de emergencia o si cumpliera y esta le fuera denegada por segunda vez, se genera una tercera oportunidad que se da con la intervención del Ministerio de Educación a través de una Comisión Reorganizadora”.

Pero a renglón seguido, en el mismo documento, indica que esa regla puede aplicarse a las universidades privadas por un “trato igualitario”.

Exministros en contra

El exministro de Educación Juan Cadillo, quien se desempeñó como el primer titular de la cartera durante el gobierno de Pedro Castillo, habló con Perú21 y aseguró que esto depende de la propia universidad.

“El Estado no puede destinar ningún tipo de presupuesto para una entidad privada, habría que ver quién va a pagar la reorganización”, explicó.

Cadillo señaló que la comisión reorganizadora implica el cambio de las altas autoridades universitarias. En el caso de los centros de estudios públicos, “el ministerio interviene con personal e incluso paga”, porque son responsables que les corresponde, al contrario de lo que sucede con las universidades privadas.

El Minedu puede observar el proceso mas no intervenir directamente. Si bien el proyecto de Cutipa indica que las universidades privadas costearían sus propios gastos durante la reorganización, sigue sin ser tarea del ministerio.

Juan Cadillo manifestó que, durante su gestión, universidades privadas de esa naturaleza llegaron hasta el Minedu para hacer pedidos de este tipo.

“Cuando nosotros estuvimos hubo un pedido de estas universidades y lo que vimos como prioridad fue su flujo de caja, eso fue lo primero que se les pidió para saber si, efectivamente, tenían el presupuesto necesario para la actividad de reorganización”, comentó. El pedido no prosperó.

Por su parte, el también exministro de Educación y líder de Educación de Propuestas del Bicentenario, Daniel Alfaro, añadió que otro de los elementos que podría jugarle en contra a este proyecto es que tendría que pasar por encima de la Ley Universitaria y al hacerlo perforaría la misma.

“Este proyecto de ley tendría que modificar la Ley de Reforma Universitaria porque el Minedu no tiene ese expertise”, aseguró.

Priorizar verdaderas necesidades

Para Alfaro, lo que debería priorizar la Comisión de Educación y el Congreso son proyectos de ley que sí sumen a la educación peruana. Ejemplificó con una ley que beneficie a los centros de estudios de formación artística que no están incluídos dentro de la Ley Universitaria, y una norma especial para institutos superiores que pasan por la misma situación.

“(Los congresistas) deberían preocuparse por cosas de mayor urgencia, como la transición de la educación secundaria a la superior. Hemos caído en un 20% de nuestros egresados que transitan a la superior; en el 2019 teníamos 37%”, aseveró.

Añadió que las labores del Minedu y de la Sunedu deben separarse en beneficio de la transparencia y la educación.

Este diario intentó tener la posición del propio Ministerio de Educación sobre el tema, pero, como es costumbre, no dieron respuesta. “Listo... lo consulto en este momento”, aseguraron de la oficina de prensa y hasta el cierre de esta edición no hubo pronunciamiento alguno.

Tenga en cuenta

• Los integrantes de la Comisión de Educación del Congreso han aprobado y llevado al Pleno dos leyes que entorpecerían la reforma universitaria.
• Uno de los temas regulados es regresar a un modelo similar al de la Asociación Nacional de Rectores (ANR), integrada por los rectores de las mismas universidades que se autorregulaban.
• Otro proyecto propone dar una segunda oportunidad a universidades no licenciadas quitándoles facultades a la Sunedu para supervisar programas priorizados.

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