Financiamiento público a partidos políticos llegaría a S/77 millones

Perú Libre | Congreso | Pedro Castillo | Fuerza Popular | ONPE | El objetivo de financiar a los partidos que ocupen curules en el Congreso es el de evitar que consigan dinero a través de actividades ilícitas. Los militantes también deben cumplir un rol de fiscalización para evitar que sus dirigentes desvíen estos recursos.

Natalia Lizama

Fecha Actualización

11/09/2021 - 07:00

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ya brindó el estimado del financiamiento público directo a los nueve partidos políticos que han logrado representación en el Congreso de la República para el periodo 2022- 2027.

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Transparencia informó que serán S/77 millones, diez veces más de lo que recibieron las organizaciones políticas en el periodo 2020-2021. La distribución es bastante sencilla. Del presupuesto total, a cada partido le corresponde el 40% por igual. Sin embargo, el otro 60% se divide de acuerdo al número de votos que obtuvo cada uno en los comicios de 2021.

Lo ideal es que este dinero sea invertido en actividades que fortalezcan a los partidos políticos, pero hasta el momento no hay una forma 100% segura de comprobar que esos recursos se destinarán para ese fin.

LA ENTIDAD DE CONTROL

Los partidos que recibirán este financiamiento, además, son los que pasaron la valla electoral del 5%. Si bien el Partido Morado consiguió eso, perdió su inscripción porque solo ubicó a tres congresistas y todos de una sola circunscripción: Lima.

En un inicio se estimaba que Perú Libre, la bancada más numerosa, recibiría poco más de 10 millones de soles, seguido de Fuerza Popular con más de 9 millones y el resto de partidos entre 8 y 6 millones de soles, según datos de Transparencia.

No obstante, debido a que el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) canceló la inscripción del PM en primera instancia, los más de seis millones de soles que les correspondían se repartirían entre las nueve agrupaciones restantes del Congreso.

Pese al monto que se les asignará, el analista político Gerardo Távara indicó que también existe la opción de renunciar a este dinero. “(Pero) esto no depende de los congresistas, sino de la dirigencia del partido”, explicó en diálogo con este diario. “El dinero puede ser utilizado solamente para actividades de capacitación de los militantes, de formación, para gastos ordinarios; por ejemplo, alquiler de local, pago de luz, teléfonos, etc.; no puede ser utilizado para otras actividades”, añadió Távara.

La ONPE reafirmó esta información y señaló que hasta el 50% del financiamiento público directo “es para ser utilizado en la adquisición de inmuebles, mobiliario, contratación de personal; y no menos del 50% del financiamiento debe ser empleado en actividades de formación, capacitación, investigación y difusión de estas”.

Iván Lanegra, secretario general de Transparencia, refirió que, para evitar que se produzca un desvío del dinero, la ONPE tendrá que estar vigilante. “El área de suspensión de la ONPE identifica alguna infracción de incumplimiento de regla; una infracción grave es tener aportes o efectuar gastos a través de una persona distinta al tesorero (del partido), al informe de campaña y al informe del financiero anual, si se recibe un fondo de una empresa”, aseveró. Esto se conoce una vez que las agrupaciones políticas entregan sus presupuestos financieros de campaña.

El caso Lava Jato desnudó malos manejos del uso de aportes e ingresos en partidos políticos. Algunos de ellos, como Fuerza Popular y el Partido Nacionalista, ahora afrontan investigaciones por lavado de activos. En estos casos fue la dirigencia la que administró el dinero a su conveniencia.

Y se puede repetir esta situación, ya que Perú Libre y su dueño, Vladimir Cerrón, están comprometidos en lo mismo. El constitucionalista Alejandro Rospigliosi afirmó que “sí hay un riesgo de que el dinero que se le entregue a Perú Libre se direccione para otras finalidades”. Ante ese escenario, sostuvo que “la ONPE debe ser más prolija en detectar el destino del dinero”.

Aunque los militantes también deberán cumplir un rol fiscalizador y denunciar cuando sus dirigentes hagan un uso ilegal de los recursos. Bajo estas circunstancias, el organismo electoral tendrá que cuidar que el remedio (la entrega de dinero limpio) no sea peor que la enfermedad (el ingreso de dinero ilícito a las arcas partidarias).

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