Yenifer Paredes y alcalde de Anguía, José Medina, van a prisión preventiva por 30 meses

No tienen corona. El juez de investigación preparatoria Jhonny Gómez dictó 30 meses de prisión preventiva para asegurar las investigaciones que se le siguen a la cuñada del presidente Pedro Castillo, Yenifer Paredes, y al alcalde de Anguía, José Medina Guerrero.

Ambos detenidos son los operadores de una red criminal que actúa desde el 28 de julio de 2021 hasta la actualidad y tiene como cabecilla al jefe de Estado, según la Fiscalía.

La medida cautelar se dictó luego de que el magistrado considerara que se cumplieron los requisitos de sospecha grave de la comisión del delito (graves elementos de convicción y evidencias), peligro procesal (fuga u obstaculización) y proyección de pena mayor de cuatro años .

“Se corrobora lo señalado por la Fiscalía, de que la encausada (Yenifer Paredes) tenía participación activa (en la organización criminal) en función al vínculo de parentesco con la primera dama y al acceso a las altas esferas de los funcionarios en los procesos de selección (de obras públicas)”, dijo el juez.

Para el equipo especial de fiscales que investiga al entorno del presidente Castillo, la cuñadísima cumplía un rol de ‘lobista’, el cual consistía en captar y buscar alcaldes para ofrecer financiamiento a proyectos a cambio de entregar las obras a las empresas fachada de su amigo Hugo Espino.

Los hermanos Hugo y Anggi Espino, gerentes de JJM Espino & Constructora y Destcon Ingenieros & Arquitectos, se acogieron a la confesión sincera y contaron a la Fiscalía los delitos en los que habrían incurrido durante su participación en la organización criminal. Esto fue clave para el avance de las pesquisas.

El juez Gómez destacó durante la lectura de su resolución que Paredes y Medina actuaron gracias al vínculo y cercanía que tienen con Lilia Paredes y Castillo.

“Se advierte que, de forma sistemática, ocurrió el ingreso al Despacho Presidencial con la finalidad de cumplir con los objetivos criminales que mantenían”, sostuvo.

Indicó que gracias a su acceso directo con la máxima autoridad del país es que se habría influenciado en tener decretos de urgencia a la medida que permitieran el “festín” de las obras públicas en Cajamarca, Amazonas y Lima Provincias. Durante las audiencias, el fiscal Jorge García Juárez no descartó que la red se haya extendido a otras regiones.

La Fiscalía encontró 18 llamadas que realizaron, entre mayo y agosto de 2021, la menor de los Paredes Navarro y el exministro de Transportes y Comunicaciones (MTC) Juan Silva, quien está prófugo de la justicia.

También existen registros de visitas de Hugo Espino a los despachos de Silva y del ministro Geiner Alvarado, que pasó de dirigir el sector Vivienda y Saneamiento a ser ahora el mandamás del MTC.

Yenifer Paredes y José Medina son imputados de cometer los presuntos delitos de organización criminal, colusión agravada y lavado de activos. La Fiscalía calcula una pena de 23 años de prisión para ambos.

Cabe recordar que una medida similar de aseguramiento se dictó anteriormente para Ollanta Humala, Nadine Heredia, Susana Villarán, Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski (PPK), en el marco del megacaso Lava Jato.

Protección presidencial

El juez Gómez recogió la tesis del fiscal García sobre el peligro de obstrucción por la “falsa entrega” de Yenifer Paredes a las autoridades luego de que la Policía no la hallara en Palacio de Gobierno el 9 de agosto, pese a que información especial daba cuenta de que se alojó en la residencia presidencial desde el 5 de ese mes.

El magistrado anotó que existe sospecha de que Paredes utilizó un tumulto de dirigentes campesinos para salir de Palacio de Gobierno el día 10 de agosto y llegar a la sede del Ministerio Público, en Cercado de Lima, acompañada de la dirigenta Lourdes Huanca Atencio, quien horas antes estuvo con Pedro Castillo en una actividad en el Patio de Honor.

En ese sentido, el juez indicó que se cumple el peligro de fuga u obstaculización por parte de Paredes por frustrar su detención, por la desaparición de videos de Palacio y por pedir que no se difundan imágenes de su visita a Anguía, cuando ofreció la viabilidad de una obra en favor de Espino.

Benji Espinoza, abogado de Castillo, aseveró que la decisión de Gómez es “popularmente correcta”, pero “jurídicamente incorrecta”.

La decisión del juez es un primer paso de la investigación fiscal que busca llevar a juicio a la red criminal enquistada en el poder.

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