Pedro Castillo responderá ante el Congreso por incapacidad moral el miércoles 7

Fue una votación significativa a la que se sumaron otrora congresistas de bancadas aliadas del oficialismo como Integridad y Desarrollo, Somos Perú y Podemos Perú, e incluso algunos identificados como ‘Los Niños’ de Acción Popular: Ilich López, Juan Carlos Mori y Jorge Flores Ancachi. Sin embargo, no fueron –todavía no– los 87 votos que requerirá la eventual aprobación de una vacancia presidencial.

La sustentación de la moción estuvo a cargo del legislador no agrupado Edward Málaga, quien señaló que la vacancia debería ser el “primer paso” de un proceso de “reacomodo” que le permita al país salir de la crisis política.

Aclaró que su propuesta responde a un control político con el que se busca “resguardar el orden constitucional ante la amenaza expresa (desde el Ejecutivo) de un eventual sometimiento del Congreso”.

En ese contexto, recordó que la moción empezó a ser trabajada a inicios de año y los argumentos que la sustentan, en cuanto a actos de corrupción e inmoralidades, han ido aumentando progresivamente evidenciando que “no hay propósito de enmienda” del mandatario. No han sido, agregó, episodios aislados, y se incluyen entre ellos “el irresponsable desmantelamiento y copamiento clientelista del Estado”, “los vínculos cada vez más evidentes con actos de corrupción incompatibles con el ejercicio de la Presidencia” –con un total de veinte personas del entorno de Castillo detenidas y otras prófugas–, “su falta de honestidad y catadura moral incompatible con el ejercicio del cargo” –plagio de la tesis, obstrucción de la justicia y aprovechamiento de los enfermos de cáncer con fines políticos–, y la “violación de la majestad del Parlamento ofreciendo obras y puestos a congresistas a cambio de impunidad”.

A partir de su intervención, parlamentarios de las distintas tiendas se enfrascaron en un, por momentos, acalorado debate. Desde la oposición, Jorge Montoya, Adriana Tudela, Roberto Chiabra, Patricia Juárez y Carlos Anderson, entre otros, reseñaron la ya conocida y larga lista de irregularidades del régimen, pero le sumaron la expresa pretensión del Ejecutivo de hacer tabla rasa de la Constitución al interpretar el rechazo a una cuestión de confianza como un rehusamiento con el fin de poner al Legislativo contra las cuerdas y al borde de su disolución. Desde el oficialismo también hicieron lo suyo, no solo para defender a Castillo sino también para insistir en una Asamblea Constituyente. Con ellos se alinearon los bloques satélites logrando sumar 32 votos en contra. Otros 6 optaron por la abstención.

Y mientras el proceso de vacancia sigue su curso, la Comisión de Constitución aprobó, por mayoría, el dictamen que regula el procedimiento de suspensión del ejercicio de la Presidencia de la República por la causal de incapacidad temporal del mandatario declarada por el Congreso. De acuerdo a la iniciativa, que deberá ser debatida por el Pleno, la referida suspensión requerirá la aprobación de la mayoría absoluta del número legal de miembros del Congreso, es decir, solo 66 votos. Esta decisión motivó ayer mismo el comentario de la premier Betssy Chávez, quien la calificó de “inconstitucional”. Asimismo, la comisión aprobó el dictamen que recorta el mandato del presidente y la vicepresidenta Dina Boluarte al 28 de julio de 2023, mientras que el de los congresistas y los parlamentarios andinos concluiría el 26 de julio del mismo año.

El Tribunal Constitucional (TC) admitió a trámite la demanda competencial interpuesta por el Congreso de la República para que esclarezca si, como alega el Ejecutivo, se rechazó la cuestión de confianza que conllevó a la renuncia del expremier Aníbal Torres hace una semana.

Además, el máximo intérprete de la Carta Magna concedió la medida cautelar para suspender los efectos de cualquier decisión adoptada por el gobierno de Pedro Castillo por interpretar un rechazo a la confianza.

Para el Legislativo, no existió denegatoria porque fue la Mesa Directiva, y no el Pleno, la que se encargó de no admitir la cuestión de confianza de Torres al advertir que vulneraba las “competencias exclusivas” del Congreso.

El entonces jefe del gabinete recurrió a este mecanismo buscando derogar la Ley N° 31399 que regula la herramienta del referéndum. Lo que quería era promover cambios en la Constitución sin la participación del Parlamento.

No obstante, el TC aclaró en un último fallo que toda consulta popular debe ser aprobada por el Congreso, en virtud del artículo 206 de la Constitución.

Con la demanda competencial se quiere evitar que el gobierno de Castillo busque la disolución del Poder Legislativo ante un nuevo rechazo de la confianza.