Plan de Pedro Castillo amenaza a la democracia y la institucionalidad

Por Alvaro Reyes y Natalia Lizama

Pedro Castillo Terrones, el candidato presidencial de Perú Libre, habla de desactivar instituciones constitucionalmente autónomas como si se trataran de amenazantes enemigas. El Congreso, el Tribunal Constitucional (TC) y la Defensoría del Pueblo están en la mira de su radical proyecto: acabar con la institucionalidad que al país le ha costado construir para implementar “instituciones con olor y sabor a pueblo”.

El plan de gobierno de Castillo, elaborado por su líder Vladimir Cerrón, apunta a imponer el pensamiento “marxista, leninista y mariateguista” y no dejar rastro de la democracia instalada en el país desde hace 20 años.

“No nos faltará lo que a las gallinas le sobran para desactivar el Tribunal Constitucional”, anunció airadamente Castillo el pasado 6 de abril. Antes, en un mitin en Cusco del 19 de marzo, se refirió a la Defensoría del Pueblo como “lo peor” y adelantó que también la eliminaría de llegar a ser presidente. Sobre el Parlamento dijo, a inicios de mes, que no dudaría en disolverlo “si el pueblo nos da la facultad”. Y no se quedó allí.

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“Esta ATU y esta Sutran en el acto deben ser desactivadas para llamar a los transportistas y hacer con ellos la verdadera reforma”, expresó el 9 de abril en referencia a la reforma del transporte que ambas entidades emprenden.

Además, dijo que corregirá “el accionar” de la Sunedu, la encargada de regular la educación superior universitaria, porque “no puede dejar a muchos jóvenes en la calle”. Castillo promete una nueva crisis, como si no hubiera sido suficiente la sufrida en el último quinquenio.

Instituciones en riesgo

“El candidato tiene una visión de la democracia muy vaga y equivocada; los tribunales no están para resolver conforme a lo que todo el mundo considera mejor, sino sobre la base de criterios constitucionales y legales. Ir por la eliminación del TC sería asumir un rol autoritario donde no se quiere respetar la institucionalidad”, declaró a Perú21 el exdefensor del Pueblo Walter Albán.

Con el TC, por ejemplo, Castillo refirió que no ha resuelto de acuerdo a las demandas de aportantes de la ONP, cuando lo que hizo fue declarar inconstitucional una norma claramente populista aprobada por el actual Congreso y que pondría en desequilibrio la caja fiscal.

Iván Lanegra, secretario general de Transparencia, coincidió también con Albán sobre el riesgo que implica suprimir instituciones.

“La democracia no son solo las elecciones, se sostiene por un sistema imbricado de pesos, derechos y garantías que corresponde a todos”, expresó en entrevista con este diario.

La Defensoría del Pueblo, por su parte, cumple un rol fundamental para defender los derechos ciudadanos. Es más, impulsó la norma para que el Estado reconozca la función de los ronderos, título que se atribuye orgullosamente Pedro Castillo.

En el artículo 8 de la ley de las rondas campesinas (Ley N° 27908) se estipula que los ronderos coordinan con la Defensoría del Pueblo para participar del control y fiscalización de programas en sus comunidades. Hasta existe el Día de las Rondas Campesinas y es Chota, la provincia natal de Castillo, reconocida por el Estado como “cuna y patrimonio histórico” de este sector.

La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) y la Sutran también están bajo amenaza. Por ganarse unos votos, Castillo se ha puesto de lado de un sector informal que por todos los medios ha buscado traerse abajo la necesaria reforma del transporte.

Eso ya se vio con la ley de taxis colectivos que fue aprobada al caballazo, otra vez, por el actual Parlamento. Pero su continuidad está en evaluación por el TC, que ha debatido una demanda de inconstitucionalidad presentada por el Ejecutivo.

“La Sutran tiene la labor de normar, gestionar y fiscalizar el transporte; su función es de ámbito nacional, en este momento está complicada por los tremendos espacios de informalidad que podemos observar todos los días”, explicó el especialista Lino de la Barrera.

Sobre la ATU, De la Barrera apuntó que su labor es centralizar la actividad del transporte en Lima y Callao. Poner orden en la caótica ciudad.

“Todos los años fallecen más de 3,500 personas en accidentes de tránsito (...). El propósito final de cualquier medida institucional destinada a poner reglas es, precisamente, la protección de la vida humana”, argumentó.

Con la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) ha pasado algo similar. El aspirante presidencial ha acogido los reclamos de los sectores, sobre todo políticos, que no quieren su control.

La Sunedu, que se encarga de velar por la calidad de la educación superior universitaria en el Perú, ha denegado hasta este año el licenciamiento a 49 universidades y dos escuelas de posgrado, la mayoría instituciones privadas que no cumplían con los requisitos mínimos para brindar educación de calidad.

Durante 2020, algunos congresistas –con claros intereses– atacaron a la Sunedu con el propósito de socavar sus funciones para blindar a las universidades que estaban siendo cerradas. Una de ellas es Telesup, la casa de estudios del investigado José Luna Gálvez.

Desde el Parlamento se han presentado proyectos para crear nuevas universidades, pero el gobierno ha frenado esas intenciones con una propuesta para aplazar su impedimento.

Borrar del mapa estas instituciones significa tirar por la borda todo lo avanzado. Pedro Castillo parece no entender la magnitud de sus anuncios, o lo sabe y por eso busca el caos.

Tenga en cuenta

-Según la última encuesta de Datum, la intención de voto entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori se ha reducido. El candidato de Perú Libre figura con 44% de las preferencias, mientras que la representante de Fuerza Popular aparece con 34%.

Fujimori ha consolidado su mayor respaldo en Lima con 50%; en esa misma plaza Castillo registra solo 28%. Un 42% de encuestados considera que el docente impondrá un régimen dictatorial como el de Venezuela.

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