(Presidencia)
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El presidente evitará por todos los medios legales responder a la Fiscalía sobre los graves hechos que se le imputan: encabezar una organización criminal que repartió obras públicas desde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Su abogado Benji Espinoza lo dejó en claro. En comunicación con Perú21, el letrado dijo que hoy pedirá al fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, la nulidad absoluta de la investigación que se le abrió y que no se suspendió como las anteriores.

De ser rechazada su pretensión, Espinoza interpondrá una tutela de derechos ante el juez supremo de investigación preparatoria. En otras palabras, insistirá con traerse abajo la indagación.

Para el letrado, el jefe de Estado no busca eludir a la justicia, sino que “quiere que se cumpla la Constitución”. En su opinión, el titular del Ministerio Público ha vulnerado con su decisión el artículo 150 del Código Procesal Penal, que en su inciso d) advierte como violación el no garantizar “el contenido esencial de los derechos y garantías previstos” en la Carta Magna.

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Es decir, según la interpretación de Espinoza sobre el artículo 117 de la Constitución, Pablo Sánchez no puede investigar al presidente de la República en funciones.

“Acá se dice que la Constitución prohíbe la acusación, pero no proscribe la investigación (...) esta norma nace en la Constitución de 1960. En ese momento, un acusado era igual a demandado, querellado; la actual norma establece una inmunidad para el presidente, el mandatario no se puede distraer en pleitos o estar subordinado a los estamentos de justicia cuando tiene que dirigir el país”, declaró el abogado ayer a la prensa.

No obstante, la anterior fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, abrió tres investigaciones contra Castillo (casos Petroperú, Sarratea y ascensos en las FF.AA.) que inmediatamente suspendió.

Consultado por este diario sobre si también requerirá la nulidad de esos casos, la defensa legal del mandatario dijo que solo apunta a la carpeta abierta por Sánchez porque las anteriores “no causan agravio”.

El penalista Fernando Silva explicó a este diario que ninguno de los recursos mencionados por el abogado de Castillo puede paralizar, mientras se encuentre en proceso de análisis, las pesquisas emprendidas por la Fiscalía.

Pablo Sánchez es el fiscal de la Nación interino. (GEC)
Pablo Sánchez es el fiscal de la Nación interino. (GEC)

“Lo único que se debe definir es si la investigación abierta al presidente viola sus derechos; a mi parecer, el fiscal de la Nación ha interpretado bien el artículo 117 de la Constitución”, sostuvo Silva.

Mientras tanto, Pablo Sánchez está habilitado para pedir medidas restrictivas al Poder Judicial, como el congelamiento de cuentas bancarias del mandatario, su impedimento de salida del país, el levantamiento de su secreto bancario y de comunicaciones, y hasta requerir el allanamiento de su casa en Cajamarca. El profesor ha quedado a merced del fiscal.

Mínima colaboración

Pedro Castillo ha demostrado en más de una oportunidad su resistencia a allanarse a investigaciones fiscales.

Por ejemplo, nunca entregó por voluntad propia la lista de los visitantes clandestinos que recibió en la casa de Sarratea, en Breña.

Y la última prueba de que no colabora con el Ministerio Público son las respuestas que dio por escrito a la fiscal de Lavado de Activos Luz Taquire, quien se encuentra contrastando la manifestación de la colaboradora eficaz Karelim López.

En el pliego enviado por la Presidencia a Taquire, al que accedió Perú21, se constata la nula predisposición de Castillo por aclarar la trama de corrupción en la que está inmerso. Muchas de sus respuestas no son posibles de creer.

Ante la pregunta de si su exsecretario Bruno Pacheco le dio explicaciones sobre los US$20 mil que fueron hallados en noviembre de 2021 en su despacho, el gobernante respondió con un escueto “no”. ¿Es creíble que Castillo no se haya inmutado por preguntar a Pacheco de dónde salió el dinero que puso en jaque a su gobierno?

Se le preguntó, además, si sabía que el detenido empresario Zamir Villaverde se había reunido con Pacheco (prófugo) en Palacio, a lo que Castillo respondió con un “desconozco”. Villaverde ha acudido cuatro veces a la Casa de Pizarro durante 2021, sus visitas son públicas desde el año pasado.

Contestó con la misma palabra al consultársele si sabía que Villaverde le otorgaba seguridad a sus sobrinos Fray Vásquez (prófugo) y Gian Marco Castillo. Con todo el escándalo que deviene de hace meses, ¿no les preguntó a sus familiares sobre su vínculo con el empresario?

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Castillo asegura que “nunca” recibió dinero de Villaverde. Esa respuesta tiene relación con la declaración que dio el nuevo colaborador eficaz a la fiscal anticorrupción Karla Zecenarro. Ese colaborador dijo que el dueño de Vigarza y Mazavig le dio S/30 mil al exministro de Transportes, Juan Silva, que estaban destinados a Pedro Castillo.

Y aunque el profesor se limite a brindar mínima información, podrían aparecer más evidencias que corroborarían su pertenencia a una red delictiva.

Al presidente se le imputan los delitos más graves que se le pueden atribuir a un funcionario: colusión agravada, organización criminal y tráfico de influencias agravado. El fiscal de la Nación señaló en su disposición que estar a la cabeza del gobierno, con el poder que eso implica, tendría la posibilidad de “destruir” toda prueba en su contra. Su investigación está justificada.

Tenga en cuenta

-Karelim López sindicó a Pedro Castillo de encabezar una red criminal, junto a sus sobrinos, el empresario Zamir Villaverde, el exministro Juan Silva y los congresistas de Acción Popular conocidos como ‘Los Niños’.

-Cuando Zoraida Ávalos le abrió investigaciones (hoy suspendidas), Castillo se acercó para expresarle su colaboración. ¿Hará lo mismo con Sánchez?

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