Ministros rechazan que Congreso recomendara denunciar a Castillo por delitos comunes

En primer lugar, Chero aseguró que Castillo Terrones asume “con serenidad” la decisión del Congreso y dijo que la misma pretende encubrir un nuevo intento de vacancia presidencial.

“El presidente lo asume con serenidad porque ha acudido respetuoso a la fiscalía. Era previsible pese a no tener sustento jurídico sólido. Aun así lo han hecho. Sin embargo, creo que toda la población sabe y entiende que lo único que pretenden es encubrir una posible intentona de vacancia que en un estado democrático, y creo que en una solidez de las instituciones, no se puede permitir”, subrayó.

El titular del Minjusdh refirió que dentro del marco constitucional, y teniendo en caso los antecedentes y precedentes, diversos expresidentes de la República no han podido ser investigados o acusados durante sus gestiones.

“No hay un solo elemento de prueba –no hablo de indicio- que vincule al presidente de la República con algún acto de lo que este señor manifieste. Tenemos que distinguir quién es el que realiza el proceso técnico electoral, si es la ONPE o el Jurado Nacional de Elecciones”, acotó.

En tanto, su colega de Cultura, Alejandro Salas, pidió que el empresario Zamir Villaverde presente una sola prueba ante el Ministerio Público que incrimine al mandatario en presuntos actos de corrupción.

“Así como contabilizaron los días en los cuales el presidente no daba entrevistas a los medios de comunicación, ahora exigimos contabilicen los días para que este señor entregue una sola prueba en contra del presidente de la República”, manifestó.

Esta posición fue respaldada por el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez, quien cuestionó que las investigaciones en torno al caso Sarratea sean utilizadas de manera política por opositores al Gobierno.

Como se recuerda, el último viernes el Congreso de la República aprobó recomendar acusar constitucionalmente al presidente Pedro Castillo ante la Fiscalía de la Nación por delitos comunes.

Por 72 votos a favor, 40 en contra y cero abstenciones, la representación nacional dio luz verde al informe final en mayoría aprobado en la Comisión de Fiscalización de ese poder del Estado.

El informe final contiene las conclusiones y recomendaciones de las investigaciones en torno a presuntos hechos irregulares que habría cometido Castillo Terrones, ministros y personajes del entorno presidencial en los casos denominados “Casa Sarratea y SBN”, “Puente Tarata III” e “Injerencias en ascensos en las Fuerzas Armadas”, “Injerencias ante el superintendente de la Sunat” y “El hallazgo de 20 mil dólares en Palacio de Gobierno”.