Pedro Castillo: Exoficiales de la Marina rechazan decisión de fiscal de la Nación de suspender investigaciones

Un grupo de exoficiales de la Marina de Guerra del Perú rechazaron decisión de la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, de suspender las investigaciones contra el presidente Pedro Castillo hasta el final de su mandato.

En un pronunciamiento, el grupo Unión Naval expresó su más enérgico y total desacuerdo con la decisión de Ávalos Rivera, “valiéndose de una antojadiza interpretación del artículo 117 de nuestra Constitución”.

“Al respecto, si bien en el citado artículo de nuestra Constitución se menciona que el Presidente de la República solo puede ser acusado durante su periodo, por los delitos que allí se mencionan, ello no impide que pueda ser investigado, es decir, que para una investigación no se requiere de interpretación alguna y mucho menos iniciar una y luego suspenderla hasta que termine su mandato presidencial”, acotó.

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“Es ridículo pensar que se puede recién empezar la investigación de un delito después de 5 años de cometido, tiempo suficiente para haber desaparecido pruebas y testigos”, añadió.

En ese sentido, el grupo Unión Naval consideró que “no se requiere ser juez ni fiscal ni abogado para determinar lo ilegal de la actuación de la fiscal de la Nación, la misma que deviene en inconstitucional”.

Finalmente, remarcó que en este caso corresponde aplicar el artículo 99 de la Carta Magna, referido a que la Comisión Permanente puede acusar al presidente de la República ante el Congreso y otros altos funcionarios por infracción de la Constitución y por todo delito que cometan en el ejercicio de sus funciones y hasta cinco años después de que hayan cesado en estas.

Como se recuerda, la Fiscalía de la Nación anunció que abrirá una indagación preliminar al mandatario por los casos Concesión Puente Tarata III, Adquisición de Biodiesel B100 y Ascensos militares.

Por estos hechos se le atribuye la presunta comisión de tráfico de influencias y colusión en agravio del Estado. Sin embargo, esta investigación quedará aplazada hasta julio del 2026, fecha en la que concluye el mandato presidencial de Castillo Terrones.

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