Un año después, Pedro Castillo sigue preso. Pero el caso del golpe de Estado no concluyó tan rápido como los especialistas anticiparon. La Fiscalía aún recaba las evidencias para conseguir la condena de un profesor chotano que se vistió de dictador cuando se vio acorralado por los múltiples casos de corrupción que le salpicaban.
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Aquel 7 de diciembre de 2022, la Policía Nacional detuvo en flagrancia a Castillo, mientras huía a la embajada de México para asilarse y salir del país.
La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, denunció al entonces gobernante por el delito de rebelión, y posteriormente el Congreso de la República le levantó la protección política y autorizó su investigación.
Lo que parecía ser un acelerado proceso se ha empantanado en las propias decisiones del Ministerio Público. Que Castillo haya cometido un delito en televisión nacional a vista de los más de 33 millones de peruanos no es suficiente.
Desde que el fiscal supremo Uriel Terán pidió la prisión preventiva para el exmandatario, el pasado 14 de diciembre, está intentando demostrar que Castillo buscó alzarse en armas como lo estipula literalmente el delito de rebelión, tipificado en el artículo 346 del Código Penal.
Cuando el juez supremo Juan Carlos Checkley concedió el pedido a Terán, concluyó que sí había evidencias de rebelión porque el requisito se había cumplido.
Castillo, de acuerdo con Checkley, era el jefe de las Fuerzas Armadas y con su discurso convocó a los militares a salir a las calles para respaldar su anuncio, que en realidad se trató de una orden.
Pero esa resolución del magistrado aún necesita el sustento para consolidar la investigación fiscal.
La tesis de Terán apunta a que la expremier hoy detenida Betssy Chávez, y los exministros Aníbal Torres, Willy Huerta y Roberto Sánchez instigaron a Castillo a asestar el golpe que buscaba terminar con la oposición política y con el sistema de justicia que los perseguía.
Sin embargo, para Terán, hay personajes que se confabularon con esta idea pero que hasta hoy se ocultan.
Perú21 conoció que el Ministerio Público maneja la hipótesis de que mandos militares y policiales habían acatado la orden de Castillo para alinearse a sus intereses.
Por esa razón, el fiscal Terán incluyó en la indagación al general PNP Manuel Lozada Morales, el comandante Justo Venero Mellado y el teniente Eder Infanzón Chávez al advertir que se habrían sumado a la rebelión y conspiración.
Según las fuentes de este diario, ese es el motivo por el que en agosto último se amplió por ocho meses más la investigación preparatoria a Castillo Terrones. Es decir, hasta abril de 2024.
La propia defensa legal del expresidente, el abogado Wilfredo Robles, mencionó a Perú21 que la investigación dispuesta por la Fiscalía está recolectando los videos de las cámaras de todos los ministerios, así como también una gran cantidad de declaraciones de congresistas, ministros, militares, jefes de regiones policiales, etc.
“El tipo penal de rebelión exige el alzamiento armado. Entonces, según la teoría de la Fiscalía, ese alzamiento armado tendría que haberse dado a través de Fuerzas Armadas y/o policiales; por eso están citando a este a altos mandos de la policía y de las Fuerzas Armadas que han ocupado los cargos en las regiones y a nivel de los comandos centrales. Es un reto bastante complejo”, señaló.
MANDA LA LEY
Sobre la extensión de la investigación preparatoria al golpista Pedro Castillo, el abogado penalista Fernando Silva mencionó a Perú21 que tiene una posición muy crítica hacia el nivel de normas procesales existentes en el país, ya que una investigación puede durar hasta seis años, el cual considera que es un tiempo excesivo.
“Si a todo fiscal le dices que tiene el plazo de 36 meses para investigar, va a optar por los 36 meses y no es así. Estamos hablando de hasta siete años para obtener una respuesta del Estado hacia un hecho criminal. Es completamente excesivo. Una investigación no debe durar más de dos años y, si el fiscal no tiene la capacidad de hacerlo, que se contraten más fiscales, y si el Estado no tiene el dinero de hacerlo, es el Estado el que tiene el problema”, aseveró.
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