Para el director ejecutivo de la SNMPE, Pablo De la Flor, es el deber del Congreso velar por la estabilidad jurídica de los contratos del Consorcio Camisea. Tras el ultimo anuncio del presidente Pedro Castillo, en el que insta al Parlamento a realizar una ley de estatización del gas de Camisea.
“Lo que tenemos es una Constitución que incorpora en su texto una serie de candados y pestillos. Es muy clara en cómo se puede dar un proceso de estatización y además señala que el mismo, solo resulta en circunstancias excepcionales y a través de una ley del Congreso. Hacemos votos para que el Congreso actúe. Una iniciativa tan descabellada como esta debe ser detenida y no refrendada como quiere el presidente de la República”, sostuvo.
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Resaltó que de ser concretada una estatización del gas, el Perú enfrentaría arbitrajes por miles y millones de dólares en pérdidas económicas.
“Las empresas que estén afectadas, pueden recurrir a mecanismos arbitrales externos como el CIADI. Donde el Perú ya ha perdido una serie de juicios y donde uno de esos fallos nos sería desfavorable, por el pago de un justiprecio tras la estatización de activos privados. La desconfianza que una medida como esta pueda generar es dramática, ningún directorio en su sano juicio procederá a invertir. El anuncio presidencial es un disparo a los pies”, señaló De la Flor.