Pedro Castillo causa remezón en la PNP en su afán de vengarse de Colchado

No hubo mayor explicación para este nuevo manoseo de Castillo a la institucionalidad de la PNP. Pero lo cierto es que estos inusuales cambios se realizaron solo tres días después de conocerse un pedido suyo a Inspectoría, uno de los órganos que renovó, para que se investigue y se disponga el pase al retiro del coronel Harvey Colchado, en venganza por el allanamiento a su residencia en la Casa de Pizarro para intentar capturar a su cuñada.

Mediante resoluciones supremas publicadas ayer en El Peruano, Castillo y el ministro del Interior, Willy Huerta, sorpresivamente enviaron al retiro al comandante general, Luis Vera, quien había asumido el cargo hace escasos tres meses por disposición del propio presidente.

En su reemplazo, nombró como nuevo jefe de la Policía a Raúl Alfaro Alvarado, quien tenía a su cargo la ahora codiciada Inspectoría General PNP.

A la gestión de Alfaro le recayó en junio pasado la investigación interna para determinar si algún efectivo facilitó la escandalosa huida del exministro Juan Silva, aunque los resultados de aquella pesquisa hasta ahora se desconocen.

En tanto, como nuevo inspector, Castillo optó por nombrar a otro coterráneo suyo, como ya ocurrió en otros puestos claves, como la propia Dirección Nacional de Inteligencia (DINI). Asume el puesto el general Segundo Mejía Montenegro, nacido, al igual que el presidente, en la provincia de Chota (Cajamarca).

Mejía ahora tendrá la tarea de evaluar la denuncia contra Colchado y decidir si lo manda al retiro, como quiere el presidente. Sus antecedentes, no obstante, no son los mejores. En 2014, fue señalado de ser quien presuntamente ordenaba “acciones de seguimiento” contra profesores y estudiantes de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega contrarios a la gestión del cuestionado rector Luis Cervantes. Pese a estar en actividad, Mejía se desempeñaba como jefe de Seguridad y Vigilancia de esa casa de estudios.

El tercer cambio realizado por Castillo fue en la jefatura del Estado Mayor, de donde sacó al teniente general Raúl del Castillo y optó por designar al investigado general Vicente Álvarez, implicado en los casos ‘Escuadrón de la Muerte’ y robo de combustible.

Malos elementos vuelven a la institución y son premiados con altos cargos. El exjefe de la Dircote Vicente Álvarez Moreno fue sindicado de pertenecer al ‘Escuadrón de la Muerte’, organización de aniquilamiento conformada por malos policías que ejecutaban extraoficialmente a supuestos delincuentes con la finalidad de lograr ascensos, dinero y prestigio mediático.

En agosto de 2016, la Policía Nacional pasó al retiro a Álvarez, pero un fallo judicial ordenó su reposición a la actividad en 2020. Sin embargo, la resolución de 2020 no se ejecutó sino hasta la llegada de Pedro Castillo a la Presidencia.

Antes de su reincorporación, Álvarez se paseó por bases militares en el Vraem, donde fungió como asesor de las fuerzas del orden, como informó este diario. Álvarez fue acusado por el Ministerio Público por el robo de combustible en la Dircote y homicidio por su participación en el ‘Escuadrón de la Muerte’. El caso del robo de combustible fue desestimado pero está pendiente el pronunciamiento de una sala superior sobre la acusación en su contra por el delito de peculado en agravio del Estado.

Por otro lado, en las indagaciones del ‘Escuadrón de la Muerte’, el Poder Judicial declaró infundado un pedido de prisión preventiva y la Fiscalía está a la espera del resultado de la apelación, contaron fuentes de Perú21.

Ahora, gracias a Castillo y el ministro del Interior Willy Huertas, el investigado Álvarez es el nuevo jefe del Estado Mayor de la Policía Nacional.

Este diario se comunicó con Álvarez, pero se excusó de brindar declaraciones alegando que ahora está “dentro de las reglas que rigen a la institución policial”.

El general no quiso revelar en qué dirección o división se encuentra laborando actualmente.

La sorpresiva renovación del alto mando de la PNP provocó un rechazo unánime, e incluso generó la convocatoria del titular del Mininter a la Comisión de Defensa del Congreso para este lunes a las 9:00 a.m., según lo anunció el presidente del grupo, José Williams (Avanza País).

En tanto, la Defensoría del Pueblo recordó en un comunicado que, si bien los cambios en la PNP están dentro de la atribución del Ejecutivo, “tal potestad no es ilimitada y se encuentra bajo control constitucional”.

“Consideramos necesario garantizar la plena institucionalidad e independencia funcional de la PNP, tanto más cuando los recientes cambios se han realizado en medio de las investigaciones judiciales al presidente y su entorno, situación que debería llevar a los poderes del Estado a redoblar sus esfuerzos por respetar la autonomía de independencia de todas las instituciones vinculadas al sistema de justicia”, se incidió.

Por su parte, el viceministro de Orden Interno del Ministerio del Interior, Abel Gamarra, aseguró ayer que los cambios en la PNP no obedecen “a nada extraordinario ni nada raro”.

“Este es un cambio que se da naturalmente porque hay un cambio de ministro y lo que pasa es que ha demorado un poco el cambio del comando, pero es un cambio normal”, indicó. Sin embargo, Huerta juró al cargo hace más de un mes, el pasado 19 de julio. El ministro, en tanto, optó por el silencio.