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Otra tarea de la JNJ: Colocar en manos externas el control del Poder Judicial y la Fiscalía
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En su plan de trabajo, presentado el 15 de enero último, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) calificó como prioridad la convocatoria, en un plazo de 180 días, del concurso público para designar a los jefes de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial y la Fiscalía.
Ambas instituciones estarán a cargo del control funcional de jueces y fiscales a nivel nacional, en reemplazo de la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) y de la Fiscalía Suprema de Control Interno. Esta labor implica prevenir, investigar, abrir procesos disciplinarios e imponer sanciones a magistrados que hayan cometido irregularidades, en el marco de las leyes de la carrera judicial y fiscal.
Esta tarea pendiente de la JNJ significa un cambio inédito en el sistema judicial que mantenía en la Sala Plena de la Corte Suprema y en la Junta de Fiscales Supremos el encargo de elegir a los jefes de control entre sus propios colegas. En enero de 2019, la fiscal suprema María Isabel Sokolich Alva fue designada como jefa de control de la Fiscalía y en noviembre del mismo año, la juez suprema Mariem de la Rosa Bedriñana fue nombrada como jefa de la OCMA.
En diálogo con Perú21, el ministro de Justicia, Fernando Castañeda, destacó que, por primera vez, los órganos de control ya no estarán a cargo de jueces o fiscales en funciones.
“Antes, entre los propios jueces y fiscales se elegían. No estamos hablando de que no haya buenos magistrados, pero es complicado que tú controles a tu par cuando hay una relación laboral de por medio. Es necesario tener un grado de objetividad e independencia suficiente, que se ve menoscabado si existen relaciones laborales”, señaló.
Según la ley que oficializó la creación de las autoridades de control, una persona que ha sido juez o fiscal solo puede postular a la jefatura si es que han transcurrido más de cinco años desde el cese de sus funciones. También se exige que tengan estudios de posgrado o experiencia profesional de al menos dos años en temas referidos a gestión pública, desarrollo de políticas públicas o sistemas de control.
“Es un cambio de modelo y quien lo lidera debe ser experto en gestión pública, desarrollo de políticas de control, conforme a la norma. Alguien formado para la prevención de las inconductas éticas y la lucha anticorrupción”, añadió el ministro Castañeda.
Por su parte, el catedrático y exprocurador Yván Montoya también saludó el cambio en el modelo porque apunta a profesionalizar el sistema de control y su independencia. “Es un gran paso. Cuando los jefes de control eran los propios jueces o fiscales solo había rotaciones y nadie quería tocar a nadie. Que los designados sean ahora sujetos ajenos al PJ y la Fiscalía o sin dependencia interna ayuda a llevar un control más imparcial”, apuntó a este diario.
Más funciones
Castañeda sostuvo que las autoridades de control tendrán funciones que sus predecesoras no tenían. “Podrán desplegar estrategias de prevención de la corrupción con técnicas modernas como el compliance público. También podrán actuar cuando identifiquen conflictos de intereses en los magistrados”, indicó.
A partir de la experiencia del caso Los Cuellos Blancos, se detectó que uno de los problemas de corrupción en las cortes de justicia era el bajo control a los jueces provisionales o supernumerarios; por ello, ahora las nuevas autoridades podrán supervisar la designación de estos, añade Castañeda.
Para Montoya, el escándalo del caso Cuellos Blancos ha ayudado a romper con la reticencia que tenían algunos magistrados a que personas externas ejerzan la labor de control de sus funciones.
“Aunque no sea parte del sistema judicial, los jefes de control deben conocer la problemática del PJ y Fiscalía. Tiene que ser una persona proba, honesta, con trayectoria intachable y que no tenga evidencia de acusaciones graves o sensibles respecto a actos de corrupción. Una persona que se mantenga al margen y no tenga intereses internos”, agregó Montoya sobre el perfil de quienes deben ocupar esos cargos.
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