Fue una sesión vergonzosa y para el olvido. Con varios meses de retraso, el Pleno del Congreso debatió los informes de la Comisión de Ética Parlamentaria que recomendaban suspender por 120 días a los legisladores Juan Carlos Lizarzaburu (Alianza para el Progreso) y Jorge Flores Ancachi (Acción Popular), y por 60 días a Katy Ugarte del Bloque Magisterial.
Sin embargo, en ninguno de los tres casos los parlamentarios acogieron la sugerencia al pie de la letra y las propuestas se modificaron sin sustento válido arguyendo que no existía proporcionalidad entre la falta y la sanción.
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Blindaje
El primer caso puesto a debate fue el de Lizarzaburu quien, se recuerda, en diciembre del año pasado tuvo comentarios sexistas y agraviantes contra su entonces colega de bancada, la fujimorista Patricia Juárez.
En su descargo ante el Pleno, el parlamentario reconoció que sus expresiones fueron “inexcusables”, pero rechazó que se le pretenda aplicar la máxima sanción por inconducta ética. Además, en su intento de desvirtuar las acusaciones en su contra recurrió a la explicación banal y absurda de que es el único hijo varón, que tiene esposa y dos hijas y que apoya a las mujeres agricultoras de Ica.
Para respaldarlo, el vocero de su actual bloque Alianza para el Progreso, Alejandro Soto, planteó que el informe vuelva a comisión para ser reexaminado, pero el pedido fue rechazado de plano por Juárez. El Pleno tampoco lo aprobó. Entonces, la apepista Edhit Julón ensayó otra salida: amonestación pública y 30 días de multa, pero tampoco fue aceptada, por lo que Héctor Valer sacó bajo la manga los 30 días sin goce de haber que fue lo que al final prosperó, sorprendentemente con el aval de la bancada de Fuerza Popular a la que pertenece Juárez.
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Prácticas similares se aplicaron en los casos de Jorge Flores Ancachi y Katy Ugarte. A ambos legisladores acusados de recortar los sueldos de sus trabajadores les lanzaron salvavidas. En esa línea estuvieron indistintamente José Jerí, José Luna Gálvez, Paul Gutiérrez, Kira Alcarraz y otra vez Valer, lo que permitió que en el caso del acciopopulista Flores también se le redujera la sanción de 120 a 30 días pero, a diferencia de Lizarzaburu, sin goce de haber por 45 días.
Ugarte corrió con la misma suerte con la complicidad de varios legisladores que, como en los casos de Lizarzaburu y Flores, presentaron, una tras otra, cuestiones previas y reconsideraciones para reducirle la sanción a solo 30 días de suspensión con 45 días sin goce de haber.
SABÍA QUE
Jorge Flores Ancachi ha sido denunciado constitucionalmente por el fiscal de la Nación por los presuntos delitos de concusión y afectación contra la administración pública por el recorte de sueldos a sus trabajadores.
Katy Ugarte también tiene una denuncia constitucional de la Fiscalía por supuestos cobros indebidos a su personal.
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