El ministro del Interior, Jorge Montoya, confirmó que el Consejo de Ministros está en desacuerdo con la aprobación del proyecto que ordena la devolución de fondos de la Oficina de Normalización Previsional (ONP) aprobado la madrugada de este martes por el Congreso de la República.
Indicó, en esa línea, que el Gobierno tomará todas “las acciones correspondientes” que la ley permite ante esta iniciativa.
“El Gabinete no está de acuerdo con esa aprobación (que ordena la devolución de fondos de la ONP) y el Gobierno tomará las acciones correspondientes de acuerdo a ley”, sostuvo en diálogo con la prensa.
La sesión del Pleno del Legislativo aprobó con 106 votos a favor la devolución de los fondos de los aportantes y exaportantes a la ONP. Las bancadas que apoyaron la propuesta, por unanimidad, fueron Alianza para el Progreso, Frepap, Unión por el Perú, Podemos Perú, Somos Perú y Acción Popular. Trece legisladores votaron en contra y 15 se abstuvieron.
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Previo a la aprobación de esta iniciativa, el primer ministro, Walter Martos, indicó que la posible aprobación del retiro de fondos de la ONP traería problemas no solo a este gobierno sino también al próximo y crearía un precedente en el Sistema Nacional de Pensiones.
Explicó que si se devuelven los fondos, cuando los aportantes utilicen ese dinero quedarán “fuera del sistema de pensiones y al quedarse fuera también se están quedando sin la atención de salud que les corresponde en EsSalud”.
“Esto está trayendo un problema no solamente al gobierno, está trayendo un problema al gobierno futuro que más adelante se va a ver con esta problemática y está creando un serio precedente en el Sistema Nacional de Pensiones”, afirmó en RPP.
De igual manera, la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Ana Neyra, adelantó que, si el Congreso aprobaba el proyecto de ley que busca la devolución del 100% de aportes de la ONP, el Gobierno recurriría al Tribunal Constitucional (TC) para que este declare su inconstitucionalidad, debido a que se estarían alterando “fondos intangibles”
“Consideramos que (la propuesta) es inconstitucional. No tendríamos otra opción que presentar una demanda de constitucionalidad”, señaló.
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