pasado. Pese a que alcanzaron un nivel de coordinación, hoy Mercedes Aráoz exige rendición de cuentas al titular de la Contraloría. (USI)
pasado. Pese a que alcanzaron un nivel de coordinación, hoy Mercedes Aráoz exige rendición de cuentas al titular de la Contraloría. (USI)

Redacción PERÚ21

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El pistoletazo de partida lo dio Carlos Bruce. En horas de la mañana, el vocero del oficialismo se presentó en el Congreso para proponer la renuncia del contralor general de la República, , luego de que el fin de semana Cuarto poder diera a conocer que se dedicó a la compra y venta de 90 autos de lujo en simultáneo con su labor en el organismo.

"Él nunca debió estar involucrado en estas actividades comerciales particulares. Al hacerlo, ha violado la Ley Orgánica de la Contraloría, que es una causal flagrante para que el Congreso lo destituya. Antes de pasar por este tortuoso proceso, yo sugeriría al contralor que presente su renuncia", manifestó el vocero de Peruanos por el Kambio (PpK).

Para Bruce, el Congreso tiene el deber de iniciar una investigación contra Alarcón, debido a que la norma que rige a la Contraloría prohíbe que tanto el contralor como el vicecontralor realicen actividades lucrativas.En una postura similar se mostró el vocero de la bancada aprista, Javier Velásquez Quesquén, quien solicitó a la presidenta del Congreso, Luz Salgado, que convoque a sesión a la Comisión Permanente para que esta evalúe la posibilidad de destituir al contralor.

"He solicitado la remoción del contralor general Edgar Alarcón por haberse dedicado a la compra-venta de decenas de autos, siendo vicecontralor, actividad prohibida por ley para este cargo y ocultada al Congreso al momento de su nombramiento", expresó Velásquez.

La vicepresidenta y congresista oficialista, Mercedes Aráoz, se sumó a las posturas críticas frente al titular de la Contraloría e incluso puso en tela de juicio la confianza sobre dicho funcionario.

"Que asuma sus responsabilidades. Realmente, queda muy claro que una persona que juega al chantaje o ese tipo de mecanismos no es una persona en la cual podamos confiar", expresó Aráoz.

Por su parte, la vocera alterna del Frente Amplio, Marisa Glave, confirmó que pedirá al presidente de la Comisión de Justicia, Salvador Heresi, que la denuncia contra el contralor sea revisada por su grupo y por la Comisión de Fiscalización.

Como se sabe, el audio reveló que Alarcón sugirió en 2016 a Walter Grados Aliaga, auditor de la Contraloría, que repensara la denuncia que había presentado en su contra, luego de haber descubierto su negocio de venta de autos.

"¿Qué pasaría si es que retiras la denuncia del Congreso? Piénsalo, Walter. No quiero presionarte", se oye decir al contralor en la grabación.

Desde la oposición fujimorista, los pronunciamientos han sido bastante cautos en relación a Alarcón. El vocero de Fuerza Popular, Luis Galarreta, señaló que antes de hablar de destitución, se debe realizar una investigación que pruebe las irregularidades denunciadas.

Fuerza Popular a la espera

"Si se tendría que hacer una destitución, primero tiene que haber un procedimiento. Acá tiene que haber pruebas, las cosas tienen que investigarse", señaló el vocero fujimorista, quien dijo que se debe esperar cuál será la decisión de la Comisión Permanente.

Esto sintoniza con lo anunciado un día antes por la presidenta del Congreso, Luz Salgado, quien informó que este fuero será el que revise la situación del contralor.

"Tenemos una serie de temas pendientes por ver. Quiero dejar claro que no hay ánimo de archivar la denuncia o pasar por alto las cosas", precisó la titular del Parlamento.

Cabe recordar que en agosto de 2016, Grados presentó la denuncia por la actividad lucrativa de su jefe al Legislativo. En aquella ocasión, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales la desestimó.

Respecto a esto último, la explicación ofrecida por la presidenta de dicho grupo, la fujimorista Karina Beteta, fue que la denuncia atañía al tiempo en que Alarcón se desempeñaba como vicecontralor, cargo que dicha subcomisión no puede juzgar.

Explicaciones

"Votamos por el archivamiento ya que, de acuerdo al artículo 99° de la Constitución, se señala claramente quiénes están sujetos al antejuicio político. Solamente vimos la parte formal. No ingresamos al fondo porque no era de nuestra competencia", argumentó Beteta al ser consultada sobre esta decisión.

No obstante, ella misma ha asegurado que, ante la existencia de nuevos hechos, puede presentarse una nueva denuncia en su grupo de trabajo, la misma que, según afirmó, esta vez sí sería acogida.Otro cuestionado en esta línea fue Héctor Becerril, presidente de la Comisión de Fiscalización, por cuyo grupo de trabajo también pasó la denuncia del auditor Grados.

"La denuncia llegó dirigida a la ex presidenta de la Comisión de Fiscalización, la congresista Yeni Vilcatoma, en el mes de agosto. Yo asumo en el mes de setiembre. Nunca tuve a la vista ese documento porque justamente no le correspondía a la comisión", arguyó el vocero alterno del fujimorismo.

Uno de los pocos que mostró una postura crítica frente a la retahíla de denuncias y acusaciones contra el titular de la Contraloría fue el legislador aprista Mauricio Mulder, quien deslizó que hay un trasfondo político tras las imputaciones sobre Alarcón.

"MANO DEL GOBIERNO"

"Es evidente que alguien tenía toda esa información y la tenía guardada esperando el informe de Chinchero. Si la auditoría de la Contraloría hubiera sido medianamente favorable, ¿sabríamos sobre este tipo de denuncias contra el contralor? Probablemente no", opinó Mulder.

Sin embargo, las declaraciones del aprista no quedaron ahí, pues añadió que ve "una mano política del Gobierno que ahora está aireando este tipo de temas". Aseguró que no percibe ningún tipo de contubernio entre Alarcón y la mayoría fujimorista, pues aquel fue propuesto al cargo de contralor durante la gestión de Ollanta Humala.

Por otro lado, cabe mencionar que el fin de semana, el ministro de Economía, Alfredo Thorne, negó haber ejercido algún tipo de presión sobre Alarcón (ver recuadro), pese a que un audio reveló que sostuvieron un encuentro en el que discutieron las conclusiones del informe de auditoría sobre el aeropuerto de Chinchero.

VERSIÓN DE THORNE

"He sido absolutamente claro con él en mi reunión en que no lo íbamos a condicionar a Chinchero, de que no se iba a condicionar ni un centavo. Lo que habíamos quedado es en un apoyo técnico del Banco Mundial que le iba a dar a la Contraloría", aseguró el ministro Thorne.

Pero el titular de Economía y Finanzas dijo, además, que se encuentra preocupado debido a que el contralor le habría pedido "una comisión" para auditar las obras del proceso de reconstrucción.

"Él quería que el MEF le dé el 1% de lo que nosotros gastemos en la reconstrucción. El 1% es que yo le asigne a la Contraloría S/120 millones", manifestó el ministro Thorne.

Datos

  • Fiscalía indaga. La Fiscalía Anticorrupción abrió de oficio una investigación contra Edgar Alarcón por el presunto pago irregular en la liquidación de Marcela Emilia Mejía Franco, ex trabajadora de la Contraloría.
  • Liquidación exorbitante. La ex empleada pública fue cesada en 2010, recibiendo montos de S/127 mil y S/100 mil por conceptos de liquidación y viáticos. El caso estará en manos de la fiscal Zoila Sueno.
  • Vínculo. Mejía Franco trabajó en Tesorería cuando Alarcón era gerente de Finanzas de la Contraloría.

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