La Fiscalía de la Nación está dispuesta a hacer público el acuerdo de colaboración que cerró con la empresa , que implica entregar información sobre los pagos de sobornos a funcionarios, informó hoy el titular de la institución, .

"Nosotros queremos hacer público el acuerdo con Odebrecht, pero ya depende de la empresa aceptar la propuesta", manifestó Sánchez en reunión con periodistas.

En ese encuentro se conoció que uno de los compromisos, que hasta hoy se desconoce en su integridad, es que la compañía no puede eliminar la documentación que implique a los casos que están bajo investigación del equipo especial para el caso Lava Jato.

Este sería el motivo por el que la firma brasileña manifestó su incomodidad cuando . En esa diligencia se decomisaron las facturas de los contratos que cerró la empresa y Transportes Don Reyna, compañía a cargo de los hijos del ex secretario presidencial Luis Nava. No obstante, se señaló, el impasse fue superado.

Desencuentros con Barata
El fiscal Hamilton Castro, líder el equipo especial, reconoció en la reunión que existen complicaciones en el proceso de colaboración eficaz de Jorge Barata, ex directivo de Odebrecht en Perú. No obstante, expresó su confianza en superar este desencuentro.

Castro no precisó los motivos por los que Barata estaría condicionando su próximo interrogatorio, pero Perú21 conoció, por fuentes fiscales, que el empresario está buscando cerrar el acuerdo de colaboración, iniciado en diciembre de 2016, cuanto antes.

En la entrevista de IDL-Reporteros a Carlos Kauffmann, abogado de Barata, este señaló que su patrocinado no puede ser afectado a partir de la información que proporciona. "En ningún proceso de colaboración, los documentos entregados por el colaborador se usan en su contra", señaló. Kauffmann estaría haciendo alusión a que no se estarían respetando compromisos.

Sin embargo, desde el Ministerio Público indicaron que el fiscal Castro no ha afectado el pre acuerdo que tiene con el ex ejecutivo. Aludieron a que existiría temor en la constructora de que, al revelar información, quede a merced de otras entidades -como la Sunat y la Procuraduría- que podrían imponerle multas.

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