OCMA abrió proceso a jueces que favorecieron a sobrinos de Pedro Castillo

Fuentes de Perú21 señalaron que el órgano del Poder Judicial “considera que existe mérito para abrir procedimiento disciplinario” en contra de Bonifacio Meneses Gonzales y Sonia Bazalar Manrique.

Ambos jueces superiores que forman parte de la Segunda Sala de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Lima dispusieron con sus votos variar la orden de 36 meses de prisión preventiva de Gian Marco Castillo Gómez, sobrino del exjefe de Estado, por una medida de comparecencia con restricciones.

Por su lado, el tercer magistrado miembro de la sala, César Vásquez Arana, votó en contra, considerando que la medida restrictiva debía ser ratificada pero disminuida a 24 meses.

Como se recuerda, fue esta misma sala la que dispuso que se reduzca la orden de prisión preventiva de 36 a 24 meses para Fray Vásquez Castillo –quien también es sobrino del jefe del Estado y primo de Castillo Gómez–, el exsecretario del despacho presidencial Bruno Pacheco, los empresarios Zamir Villaverde y Luis Pasapera Adrianzén, y los exfuncionarios de Provías Víctor Valdivia Malpartida y Edgar Vargas Mas, todos ellos investigados por el “Caso Puente Tarata III”.

Según el exasesor del Ministerio de Vivienda y ahora colaborador eficaz Salatiel Marrufo, Castillo solicitó S/1.5 millones mediante el extitular de Vivienda Geiner Alvarado “para hacer pagos a los miembros de la sala superior, quienes iban a resolver el recurso de apelación de prisión preventiva de sus sobrinos”.

El abono se habría concretado con ayuda de S/500 mil entregados a Marrufo por la empresaria Sada Goray, dueña de MarkaGroup, quien estaba realizando pagos por partes para ganar licitaciones en el Ministerio de Vivienda.

La entrega de dinero se realizó a través de Cledín Vásquez Castillo, hermano del investigado Fray Vásquez, según la declaración hecha por Marrufo a la Fiscalía.

El procedimiento disciplinario en contra de Meneses y Bazalar se encuentra a cargo de la Unidad de Investigación y Anticorrupción (UIA) jefaturada por la jueza superior Elizabeth Quispe Mamami.