El juez Juan Carlos Sánchez admitió el pedido de la Procuraduría ad hoc para incorporar como terceras civil responsables a empresas, como OAS S.A. Sucursal Perú, por los daños causados al Estado peruano en la licitación y construcción del Hospital Lorena, ubicado en Cusco.
Las otras compañías a las que afecta la resolución, emitida el pasado 22 de marzo, son Motlima Consultores S.A., Dextre Morimoto Arquitectos S.A.C. y Cesel S.A.
Con esta medida, en caso de resultar responsables ante los tribunales, las mencionadas empresas y las personas naturales que vienen siendo procesadas pagarían de manera solidaria al Estado una reparación civil que hasta la fecha se calcula de manera preliminar en S/. 39 millones.
En este caso se investiga al ex gobernador del Cusco, Jorge Acurio Tito, junto a otros funcionarios de su gestión, quienes presuntamente se habrían coludido con los representantes de las empresas del Consorcio Salud Lorena (integrado por OAS, Motlima y Dextre + Morimoto) y la empresa supervisora Cesel para favorecerlos en la licitación y adjudicarse la obra.
Acurio Tito, como se sabe, se encuentra actualmente detenido por recibir presuntos sobornos de la empresa Odebrecht a cambio de concederle la Vía Evitamiento cusqueña.
El contrato para el mejoramiento del hospital se firmó en julio de 2012 por un monto de S/.197’580,499.16, que incluía la elaboración del expediente técnico más la ejecución de la obra.
Posteriormente, se firmó una adenda que incrementó el costo en S/. 13’242,148.24 por la construcción de una nueva infraestructura sobre los pabellones de los servicios materno infantil y de hemodiálisis, que habían sido construidos antes de la contratación de la obra. La inversión realizada en dicha construcción más los gastos para su demolición generaron al Estado un gasto adicional de S/. 5’895,430.06.
Fuentes judiciales señalaron que, en caso que OAS y las otras empresas deseen evitar una larga disputa judicial y decidan someterse a un proceso de colaboración con la justicia (colaboración eficaz o aporte de información relevante) a cambio de la reducción de penas para sus directivos, así como de los montos de reparación civil, entre otros beneficios, pueden acogerse a la Ley 30737, que fue promulgada recientemente por el Poder Ejecutivo.