Narcoterrorismo va perdiendo más de US$83 millones en el Vraem

En esta parte del país —en donde permanece el estado de emergencia—, miembros del Comando Especial Vraem, conformado por el Ejército, la Marina de Guerra, la Fuerza Aérea y la Policía Nacional, vienen buscando dar el golpe certero y llegar a desbaratar a la organización terrorista Sendero Luminoso, actualmente encabezada por Víctor Quispe Palomino, camarada José.

En total, hay a lo largo de este territorio 46 bases contraterroristas. Y en lo que va del año, se ha logrado golpear al narcotráfico y a estas huestes con pérdidas que superan los US$83 millones.

Esto se cuantifica, por ejemplo, en base al clorhidrato de cocaína incautado, que a la fecha bordea las diez toneladas. Esta droga está valorizada en Perú en poco más de US$14 millones, pero una vez en los mercados extranjeros puede aumentar hasta 60 veces esa cifra, como ocurre en el continente asiático. También figuran los 59 laboratorios rústicos destruidos, estimados en US$118 mil; o las 23 pozas de maceración destruidas, con un costo de US$46 mil, entre otros.

“Estamos evitando que el narcotráfico subvencione al terrorismo US$83 millones aproximadamente”, apuntó el general Miguel Gonzales, jefe del Comando Especial Vraem.

Según información que manejan las fuerzas del orden, las huestes terroristas de los Quispe Palomino han pasado en la actualidad de la “ofensiva” a la “defensiva” y están reducidas de forma considerable, si se toman en cuenta los años anteriores. Estos remanentes están concentrados ahora en el Vizcatán del Ene, en las márgenes derecha e izquierda del río Mantaro.

“El comité central (de SL) ha dispuesto, y eso lo tenemos en documentos, en audios, ingresar a una fase defensiva. Se han replegado a zonas seguras y reubicado sus campamentos principales, han minado los caminos, trochas, de acceso al área, y han disminuido sus comunicaciones”, dijo Gonzales.

Pero si bien hay repliegue hacia la calificada “zona dura”, no por ello sus acciones dejan de ser peligrosas. En mayo se registró un ataque terrorista —el primero de lo que va del 2022— en el sector de Río Negro (Vizcatán del Ene), en donde aniquilaron a dos personas que consideraban informantes de las fuerzas del orden.

A ello se suman tres acciones armadas, como disparos contra un helicóptero y hostigamiento a soldados. Además, se han registrado oficialmente, entre enero y junio, 24 acciones de agitación y propaganda por parte de los terroristas, pues las incursiones a centros poblados continúan.

“Hay un repliegue y una inamovilidad producto de las operaciones intensivas. El objetivo es obviamente ubicarlos y darles de baja”, aseguró el ministro de Defensa, José Luis Gavidia. Tras varias semanas de haber estado en el ojo de la tormenta, al anunciar el cierre de las bases militares en el Vraem, Gavidia hizo hincapié en que ello se hará cuando se concrete la pacificación. “Las Fuerzas Armadas van a dejar esta zona no solo pacificada, sino desarrollada”, recalcó.

La lucha contra las drogas no está ajena a las contradicciones del Gobierno de Pedro Castillo. Para este año, la meta es erradicar 18,000 hectáreas de cultivos ilegales de hoja de coca en todo el territorio nacional.

Pero en el Vraem –donde se procesa casi el 70% de la coca– no se erradicará ni una sola. Por el contrario, allí se buscará aplicar desde julio la figura de la autoerradicación, bajo un supuesto pacto social ciudadano promovido por Devida, una medida cuestionada por expertos y que ha sido considerada un engaña muchachos. Pero el Gobierno sigue firme en esta intención.

“¿Por qué nosotros creemos que la autoerradicación es la estrategia más adecuada? Personalmente, porque yo puedo erradicar mecánica o manualmente. Si ese hombre solamente puede vivir sembrando coca, lo va a sembrar nuevamente. (…) Pero si yo hago que cambie de cultivos de coca a piña, cacao, voluntariamente, tengan la plena seguridad que lo va a hacer, siempre y cuando le permita vivir dignamente”, manifestó Gavidia.

Sin embargo, que el Vraem se convierta, efectivamente, en una oportunidad de desarrollo pasa por que los intereses políticos no contaminen el trabajo técnico de las fuerzas del orden.

La autoerradicación no va de acuerdo a la realidad del Vraem. Ahí se están pagando cuotas de la campaña que hizo Pedro Castillo con Guillermo Bermejo. El hecho de que se continúe con la erradicación de acuerdo a lo programado en años anteriores implicaría un levantamiento (de los cocaleros que dieron su respaldo) y eso no le conviene al Gobierno. Si esto sigue así, vamos a seguir manteniendo una situación para que el país sea un narcoestado. Porque se va a seguir cultivando la hoja de coca, las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas van a seguir obteniendo la materia prima y eso va a implicar que se siga produciendo y pasemos a ocupar un significativo primer lugar (por encima de Colombia). No hay una política definitiva. Esto del autocontrol es mentira, porque nadie va a decir: “Tengo tantos sembríos y voy a declarar todo”. Solo van a entregar una parte y el resto lo van a comprar los traficantes. Se están pagando cuotas de la campaña.