Nadie quiere asumir responsabilidad en la inscripción del terrorista Juan Santos Romero

“Es falso que el JNE sea responsable de verificar los antecedentes penales o judiciales de los afiliados a una organización política. Esa no es una función de los organismos electorales de acuerdo al marco legal vigente”, señala textualmente el post con el que el JNE quita cuerpo de esta situación. ¿La razón? Pues el miércoles último Acuña le echó toda la culpa de lo ocurrido al JNE alegando que dicha entidad es la responsable de verificar los antecedentes judiciales y penales de los militantes de los partidos.

Sin embargo, si la máxima entidad electoral pensó que con esa breve explicación a través de su red social le pondría fin a este escándalo político, se equivocó. Desde la Comisión de Defensa y Orden Interno del Congreso, aseguraron a Perú21, que su grupo de trabajo investigará el caso.

Serán convocados a declarar el titular del JNE, Jorge Luis Salas Arenas, y el secretario general de APP, Luis Valdez, para que expliquen cómo se realizó el proceso de inscripción del excarcelado senderista. La citación está prevista para el lunes 6 de noviembre.

“Lo mejor sería que venga el mismo Salas Arenas, pero en todo caso tenemos que evaluarlo primero en la comisión (cuándo lo citamos), tenemos que investigar el caso, es lo que nos corresponde y es nuestra responsabilidad”, sostuvo la presidenta de Defensa Patricia Chirinos.

Sobre el post del JNE que indica que son las organizaciones políticas las que tienen la responsabilidad de verificar los antecedentes penales y judiciales de sus militantes, el segundo vicepresidente del Congreso, Waldemar Cerrón, replicó que agrupaciones como Perú Libre no pueden realizar ese filtro o chequeo porque no tienen la capacidad logística para eso.

Perú21, se recuerda, reveló el lunes último que Santos está inscrito en el partido de César Acuña desde 2009. El miércoles, APP tramitó su expulsión ante el Jurado, pero esta ha sido observada por cuestiones administrativas; el plazo para subsanarlas es tres días. Mientras tanto, Santos Romero sigue siendo apepista.

“El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) está actuando como lo hacía hace 10,15 o 20 años. Es una obligación del JNE que implemente algún sistema para detectar los antecedentes penales y judiciales de los militantes y candidatos, y detectar además si han firmado el planillón del Movadef. O, en todo caso, poner a disposición de los partidos la Ventanilla Única que es abierta en etapa electoral. Al final, serán los propios partidos políticos los que decidirán si un excarcelado terrorista o una persona con antecedentes judiciales o penales puede ser inscrito en sus partidos, porque actualmente no hay prohibición que los exsentenciados por terrorismo puedan inscribirse en un partido. El otro reto es que los propios partidos coloquen en sus estatutos que no pueden ser militantes y no pueden ser candidatos los excarcelados por terrorismo, narcotráfico y organización criminal. El JNE no debe ser solo mesa de partes”.

El primer vicepresidente del Congreso, Arturo Alegría, ha solicitado información a la ministra de la Producción (Produce), Ana María Choquehuanca, sobre la contratación como presidente del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (Sanipes) de Javier Blas Verástegui Lazo, exesposo de la terrorista Elena Iparraguirre, (a) ‘camarada ‘Miriam’. “Esta situación deja expuesta a su gestión por la falta de rigurosidad en la evaluación de perfiles de puestos”, advierte en un oficio, tras señalar que “al terrorismo no se le puede dar espacios en el servicio público que ellos mismos quisieron destruir”.

-“No tenemos alcance para hacer ese filtro de verificación de antecedentes penales y judiciales… Veamos quién es el responsable”, dijo el tercer vicepresidente del Congreso, Waldemar Cerrón, a Perú21.